viernes, 15 de mayo de 2009

EXPONDRAN SOBRE LA EXPERIENCIA ASOCIATIVA INTERMUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE MENDOZA EN EL IX CONGRESO IBEROAMERICANO DE MUNICIPALISTAS EN URUGUAY


En la ciudad de Montevideo (Uruguay) se celebró la semana del 10 al 14 de mayo del año 2009 el IX Congreso Iberoamericano de Municipalistas. "Seguridad vs. Integración social en las ciudades ¿Un binomio irreconciliable?", organizado por la Unión Iberoamericana de Municipalistas (UIM).

Participaron en el Congreso representantes de gobiernos locales, gobiernos centrales y organizaciones internacionales de toda Iberoamérica, quienes se reunieron con el fin de discutir en torno al desarrollo de los gobiernos locales, especialmente en materia de seguridad ciudadana.

En torno a esta actividad se celebraron 6 conferencias plenarias con autoridades políticas de renombre internacional, entre ellas el expresidente colombiano Belisario Bentancur Cuartas, además de 33 paneles temáticos y otras mesas y talleres temáticos paralelos a la actividad.

En la oportunidad, se presentará una ponencia titulada "Nuevas estrategias de articulación horizontal en la Provincia de Mendoza: Acerca de las microrregiones intermunicipales como herramientas de gestión para el desarrollo local-regional". La misma, será expuesta el día 14 de mayo de 2009, de 17:30 a 19:00, en el Hotel Radisson (sede del evento), en la Sala Picasso, dentro del panel nº 2 denominado ¨ Asociacionismo Municipal¨. A continuación se adjunta el resumen de la ponencia.

Abstract:

La globalización, la crisis del Estado-nación y el proceso de reforma del Estado generaron una nueva distribución de las funciones y competencias entre los diferentes niveles del Estado, aumentando la responsabilidad de los municipios en la gestión del bienestar comunitario. El término desarrollo local traduce con cierta amplitud el conjunto de nuevas funciones asumidas por los municipios en la promoción de sus comunidades, funciones que al presente se ejercen con la misma estructura jurídica y recursos fiscales que hace unas décadas, lo que ha llevado a las autoridades locales a desarrollar nuevas estrategias de articulación horizontal que les permitan adaptarse a este pronunciado proceso de delegación de funciones y competencias. El presente artículo analiza las microrregiones intermunicipales surgidas en la provincia de Mendoza (República Argentina), centrando la investigación en las modalidades de gestión y administración adoptadas y en el marco jurídico que les da sustento.





sábado, 21 de marzo de 2009


“LA COYUNTURA REVOLUCIONARIA PREVIA AL ESTABLECIMIENTO DEL COMUNISMO DE GUERRA”

por Lic. Enzo Ricardo Completa.


Consideraciones preliminares:

Suele pensarse al siglo XX como una centuria “corta”, que empieza con la Primera Guerra Mundial y el estallido de la Revolución Rusa -en los años 1914 y 1917, respectivamente- y que termina unos setenta años más tarde, con la desintegración de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (U.R.S.S.) y la caída del Muro de Berlín.
Era de guerras y regímenes dictatoriales, tiempo de ideologías devenidas en sociedades, este siglo falto y escueto se nos antoja todavía desconocido. Se sabe, el capital y su doctrina a la postre resultaron vencedores de la no tan gélida Guerra Fría. Una victoria absoluta, dirán algunos, superadora del antiguo modelo geopolítico bipolar. La puerta de entrada hacia una nueva crisis, dirán otros, crisis de los Estados Nación, de las economías nacionales y del Estado de Bienestar.
Sea como fuere, puede coincidirse en algo: el siglo XX nos afectó y mucho. Lo observamos nacer, desarrollarse y fenecer. Intervenimos –por más mínimo que haya sido nuestro papel- en buena parte de sus dramas y tragedias. Más aún, forjamos nuestras opiniones en base a sus episodios y acontecimientos, entre ellos, la todavía parcialmente inexplorada revolución bolchevique de 1917, sin lugar a dudas el acontecimiento del siglo XX por antonomasia.
Si se extirpara de la centuria pasada a la Revolución Rusa y sus innumerables ramificaciones políticas, el tamaño del siglo se vería reducido a un tercio. Tal es su importancia. Tal su extraordinaria influencia sobre los hechos del presente y del futuro. De ahí, entonces, la ineluctable necesidad de detenernos en el análisis de la génesis del régimen soviético, esto es, en el turbulento período previo a la instrumentalización del denominado “Comunismo de Guerra”.
¿Cuáles fueron las verdaderas causas que dieron origen a este primer comunismo? ¿Surgió de manera espontánea, fue concientemente implantado por el partido bolchevique o bien emergió como una consecuencia imprevisible de la Gran Guerra? La innumerable cantidad de leyes, disposiciones y decretos sancionados por el gobierno bolchevique con posterioridad a la revolución de octubre de 1917 ¿reproducen fielmente el ideario político de Marx o bien, por el contrario, rompen con el mismo, evolucionando hacia una nueva forma de organización social más acorde a las nuevas circunstancias históricas?
Como puede apreciarse, son muchos y variados los interrogantes que dan origen al presente ensayo. El mismo, en este sentido, avanza sobre buena parte de ellos, buscando explicaciones en la coyuntura histórica de las revoluciones previas a la implementación del Comunismo de Guerra. Indudablemente, el precipitado proceso de comunistización de la sociedad rusa, evidenciado a principios del siglo XX, se encuentra directamente relacionado con el desordenado proceso de reestructuración del poder ocurrido en la Rusia luego de la caída del zarismo.

La coyuntura revolucionaria de 1917:

Promediando la última década del S. XIX la situación general de Rusia hacía prever la ocurrencia de una revolución. El retraso general del país, la persistencia de la monarquía absoluta, la miseria campesina, el crecimiento de un proletariado de obreros fabriles en las ciudades y el no tan lejano asesinato del Zar Alejandro II, en el año 1881, parecían motivos más que sobrados para pensarlo.
El momento pareció haber llegado en 1905. Rusia había sufrido en aquel año la derrota con Japón por el dominio de Corea, lo cual había generado toda una andanada de críticas a las altas esferas políticas rusas. Las manifestaciones que se dieron en San Petesburgo -pacíficas, con el objeto de pedir reformas liberales al Zar Nicolás II- fueron disueltas a tiros. La indignación era inmensa: huelgas obreras, manifestaciones campesinas y rebeliones militares se sucedían al unísono. El poder del Zar tambaleaba por primera vez. En aras de conservar su imperio tuvo que ceder ante la fuerza de los reclamos populares, reconociendo ciertas libertades civiles y estableciendo una Duma legislativa.
La revolución de 1905, sin embargo, cayó derrotada dos años más tarde. ¿La razón? Muy sencilla. Una vez terminada la guerra con Japón, el Zar les ordenó a sus tropas dirigirse hacia las aldeas campesinas que se habían amotinado a los efectos de arrestar a los activistas políticos más representativos. Acto seguido, dejó sin efecto la totalidad de las concesiones constitucionales otorgadas al pueblo, restaurando nuevamente su autocracia.
Llegado el año 1914 estalló la Gran Guerra, la cual le ocasionó a Rusia un alto número de derrotas militares, pérdidas humanas, heridos y prisioneros. Los abultados gastos del conflicto bélico terminaron de empobrecer a la monarquía, provocando un aumento exponencial de la pobreza, el hambre y la inflación. Como consecuencia, a poco de empezar la guerra buena parte del campesinado (obligado a dejar sus labores en el campo para ingresar en un ejército mal armado) empezó a insubordinarse y desertar. La escasez de alimentos, combustibles, medicinas y armamento, sumado a la presencia de un invierno sumamente frío en el año 1916-1917, desencadenaron el descontento del resto de los soldados y su posterior deserción del frente de batalla por millares.
El pueblo ruso había perdido su confianza en el Zar. Como consecuencia, las calles de San Petesburgo (rebautizada como Petrogrado al comenzar la guerra mundial) comenzaron a inundarse de manifestantes que reclamaban distintas cuestiones: cambios en el gobierno, entrega de alimentos, el fin de la guerra, mejores condiciones de trabajo, tierras, etc. Según Figes y Kolonitskii, “el hecho de que la mayoría de la gente tuviese experiencia previa en huelgas y manifestaciones ayudó a su organización. Los obreros de Petrogrado, en particular, tenían una larga tradición de activismo en los sindicatos y la mayoría se acordaba de la Revolución de 1905”.
Los hechos se sucedieron muy rápido. Las manifestaciones pronto se transformaron en marchas masivas repletas de campesinos, obreros y soldados. Las huelgas de determinados sectores fabriles, por su parte, devinieron en un paro total del movimiento obrero –entre ellos los empleados del ferrocarril- lo cual asestó un verdadero golpe de gracia a la autocracia zarista, impidiendo la llegada a las ciudades de tropas leales al Zar Nicolás II.

“El desplome de la autocracia Romanov, en marzo de 1917, fue una de las revoluciones más espontáneas, anónimas, no dirigidas de todos los tiempos (...) nadie, ni siquiera entre los dirigentes revolucionarios, comprendió que las huelgas y motines del pan, que estallaron en Petrogrado el 8 de marzo, culminarían en el motín de la guarnición y en la caída del gobierno, cuatro días después”.

En las provincias, la noticia fue recibida con algarabía. Manifestaciones espontáneas, desfiles triunfales, destrucción de águilas y retratos del Zar y la continua entonación de marchas tales como la Marsellesa o la Internacional adornaron una multiplicidad de fiestas populares (llamadas comúnmente “festivales de la libertad”) organizadas con el fin de festejar la resistencia al régimen zarista. La Revolución de Febrero, de esta forma, adquirió un carácter profundamente simbólico que se extendió hasta mucho tiempo después del derrocamiento de la dinastía Romanov.
Mucho tuvo que ver en esto el culto a la figura de Alejandro Kerensky, sin dudas el hombre más importante e influyente de la época. Así, “en un momento en que se estaban creando las estructuras de poder en una Rusia revolucionaria, Kerensky ya disfrutaba de considerable autoridad. Se le conocía como abogado defensor en juicios políticos, como miembro de la comisión que investigó los acontecimientos de la masacre de Lena en 1912 y como uno de los más sinceros miembros de la Duma”.
Su posición como vicepresidente del Comité Ejecutivo del Soviet de Petrogrado durante los días de febrero, por su parte, le permitió tener una actuación destacada en la revolución, organizando las manifestaciones populares, ordenando el arresto de los ministros zaristas, sublevando a los soldados y llamando a la desobediencia civil.
Para muchos analistas políticos de la época, Kerensky se encontraba en el lugar indicado en el momento preciso. De ahí, entonces, que a los providenciales líderes de la Duma no les quedara otra opción que darle una participación destacada en el Gobierno Provisional. Su reputación, simplemente, se había extendido demasiado como para prescindir de sus servicios.
El primer Gobierno Provisional ruso -presidido inicialmente por el conde G. E. Lvov y luego por Kerensky- asumió la forma de un gobierno de coalición entre partidos burgueses (como el kadete) y partidos socialistas reformistas (entre ellos el menchevique, el partido de Kerensky, el socialista revolucionario, los trudoviki, etc.). Dicho pluralismo, sin embargo, no logró menguar la polarización política producida por el creciente poder de los Soviets, los cuales se habían convertido en una verdadera alternativa de gobierno.
Ante la disyuntiva de poder (y en ausencia de Lenin) las altas esferas del partido bolchevique decidieron brindar su apoyo al Gobierno Provisional. Tras el regreso del líder a Petrogrado, en el mes de abril, las cosas volvieron a quicio. Para Lenin, debía derrocarse al gobierno burgués de Alejandro Kerensky. En cuanto a la guerra, había que darla por concluida de inmediato, por ser una guerra imperialista por el reparto del mundo y por el nuevo reparto de las colonias. “El capitalismo –dirá un año más tarde- se ha transformado en un sistema universal de opresión colonial y de estrangulación financiera de la inmensa mayoría de la población del planeta por un puñado de países avanzados. Este botín se reparte entre dos o tres potencias rapaces de poderío mundial, armados hasta los dientes (Estados Unidos, Inglaterra, Japón), que, por el reparto de su botín, arrastran a su guerra a todo el mundo”.
¿Qué sentido tiene –preguntaba constantemente Lenin a quien se dignara a escucharlo- el participar en una guerra imperialista y fraticida que engaña, divide y lleva a una muerte segura a trabajadores de distintos países? La misión del partido bolchevique, a su entender, debía consistir en transformar esta gran guerra imperialista de naciones en una guerra civil de carácter mundial, supresora del Estado y de las clases sociales.
Con sus promesas de pan a los trabajadores urbanos, de tierras a los campesinos y de paz a los soldados, comenzó a forjarse el apoyo político que necesitaba para llevar adelante su plan. Unas pocas pero eficaces consignas resumieron su estrategia revolucionaria: “Abajo la guerra” y “Todo el poder para los Soviets”. Este tipo de frases –siempre enérgicas y de fácil memorización- supieron calar hondo en el ideario popular ruso, siendo coreadas de inmediato en manifestaciones y reuniones obreras de la época.

Llegado el mes de junio de 1917 se produjo un resonado fracaso militar en el frente de batalla ruso, lo cual socavó sensiblemente el prestigio del “camarada héroe” Kerensky, por aquel entonces Ministro de Guerra del Gobierno Provisional. Muchos oficiales de alto rango se habían mostrado preocupados por la ofensiva que el ministro planeaba realizar. Kerenski, sin embargo, hizo caso omiso de las críticas y ordenó un ataque masivo que a la postre resultó funesto para sus tropas.
Extrañamente su situación personal dentro del Gobierno Provisional resultó favorecida con la derrota: toda la responsabilidad de la frustrada maniobra bélica recayó en los hombros del Príncipe Lvov, quien debió renunciar a su cargo de Primer Ministro. En su lugar asumió Kerensky, quien en un intento desesperado por recuperar la gobernabilidad perdida decidió convocar a una “Coalición entre la Duma y el Soviet”, esto es, entre los sectores socialistas y liberales de Rusia. A partir de entonces, el destino de la revolución pasaba a depender de él y solamente él. Su popularidad, no obstante, se encontraba en franca caída.
Orlando Figes y Boris Kolonitskii aseguran que el fuerte personalismo impreso a la gestión de Kerensky hizo que se personificaran en él los errores del gobierno. “El final de la autoridad de Kerensky se manifestó en las crecientes críticas y en el aumento de la oposición a su gobierno. Al decaer el interés en una coalición, hubo un aumento correspondiente en el número de ataques personales a Kerensky, tanto de la derecha como de la izquierda. La difusión de habladurías y rumores malvados parecidos a los que habían contribuido a la caída de los Romanov fue la demostración más chocante de la transformación de su imagen”.
El 25 de octubre (7 de noviembre en el calendario occidental) se desencadenó una nueva revolución dentro de la revolución. Los bolcheviques -bajo la dirección del Comité Militar Revolucionario, presidido por Trotsky- atacaron y ocuparon algunos puntos estratégicos en Petrogrado, obligando al Gobierno Provisional de Kerensky a dimitir. “Fue un golpe sin sangre. El Gobierno Provisional se vino abajo sin resistencia. Algunos de los ministros fueron detenidos. El primer ministro Kerensky huyó al extranjero”.
Un día después del derrocamiento, el II Congreso Panruso de los Soviets de Diputados Obreros y Soldados proclamaba el traspaso de la autoridad a los Soviets, sancionando tres importantes decretos. Por el primero de ellos se instaba a los obreros de Europa a poner fin a la guerra. El segundo creaba un Consejo de Comisarios del Pueblo, autoridad máxima de la nación a partir de entonces. El tercer decreto, finalmente, versaba sobre la propiedad de la tierra y la socialización de la agricultura.
Con estas medidas comenzaba a tomar forma el denominado Comunismo de Guerra, período de comunistización por excelencia de la sociedad rusa.

La estrategia de la revolución:

“En 1917, Rusia constituía un auténtico subcontinente, poblado por más de 150 millones de campesinos sin instrucción, con una clase obrera sometida a pruebas colosales, guerra mundial, revolución, guerra civil, y una economía colapsada por el sabotaje de los antiguos propietarios y la agresión militar de los imperialistas de occidente”. Con todo, la estrategia revolucionaria del partido bolchevique fue clara desde un principio. Nada hubo de espontáneo en sus acciones pre-revolucionarias, mucho menos en los hechos que se desencadenaron a fines de 1917.
Según advertía el propio Lenin, los bolcheviques cometerían el peor de los pecados si se confiaban en la espontaneidad revolucionaria del movimiento obrero. Para Lenin los obreros naturalmente no tienden a convertirse en socialistas sino más bien en sindicalistas. El socialismo, por tanto, debía serles inculcado desde el partido, esto es, desde una organización rígida y centralizada, de tipo militar, compuesta por una minoría de intelectuales de clase media altamente versados en la ciencia del materialismo dialéctico e histórico, profesionales de la revolución. Esta era, exactamente, la tarea que el líder de los bolcheviques le asignó a su partido en sus obras ¿Qué hacer? (1902) y Un paso adelante, dos pasos atrás (1904). Una labor militante, sumamente activista y provocadora, movilizadora de las distintas capas de la sociedad rusa.
Sólo 25.000 afiliados al partido bolchevique bastaron para organizar la revolución en el vasto territorio ruso. “Nadie hubiera dicho que aquel puñado de obreros mal vestidos, dirigidos por unos pocos hombrecillos, de perilla y gafas, empleados, abogados y profesores que solían tomar la palabra en cualquier sitio que les dejaran, estaba abriendo la ventana para que entrara el huracán del tiempo”. Tampoco que el marxismo podía triunfar en una nación industrialmente subdesarrollada, con un proletariado numéricamente débil y una población fundamentalmente agraria y primitiva, características éstas de un país atrasado y colonial.
Para Marx y Engels –recordemos- las revoluciones no eran hijas del atraso. La revolución proletaria sólo llegaría si se la realizaba de manera simultánea por los trabajadores de los países capitalistas más adelantados. Nunca podría ser exitosa si se la pensaba para un único país, mucho menos si el mismo se encontraba económicamente atrasado. Para Lenin, en cambio, las condiciones materiales de existencia de la sociedad rusa hacían posible la ocurrencia de una revolución socialista incluso antes que en los países económicamente desarrollados de Europa o América del Norte. La revolución, de esta forma, se constituiría en la vía de modernización por excelencia para una Rusia predominantemente rural y aldeana.
Según el líder del bolchevismo, la tesis marxista relativa a una revolución universal emergente exclusivamente de la lucha del proletariado en los países capitalistas “sólo era aplicable a la fase pre-monopolista del capitalismo”. A su entender, desde la muerte de Marx el capitalismo no había hecho más que fortalecerse, evolucionando desde su antigua forma industrial a una etapa financiera, del tipo monopólica e imperial. Como consecuencia, lejos de circunscribirse la explotación burguesa al ámbito de las fábricas instaladas en los países más desarrollados, a comienzos del siglo XX el capitalismo -devenido ahora en imperialismo- se dedicaba a extraer grandes cantidades de plusvalía de las naciones más atrasadas del mundo.
Esta nueva forma de explotación, según sus propias palabras, posibilitaba que los grandes capitalistas (organizados en trusts, sindicatos y cartels) pagaran altos salarios a su mano de obra nacional, lo cual demoraba de manera sensible la llegada de la revolución socialista y su posterior victoria, por haberse convertido en un hecho absolutamente superfluo para el proletariado.
El capital –dirá Lenin- ha encontrado una forma temporal de demorar la lucha de clases. Con la llegada del imperialismo, la geografía de la revolución se había desplazado hacia los países menos desarrollados del mundo, es decir, hacia aquellos países eminentemente campesinos en donde la cadena del imperialismo tenía su eslabón más débil. La revolución Rusa, de esta forma, se encontraba más cerca de concretarse que nunca. Sólo restaba sumar (esto es, activar políticamente) a las numerosas capas no proletarias de la sociedad, entre ellas a la pequeña burguesía, a los intelectuales y al campesinado medio. Restaba convencerlos de la imperiosa necesidad de marchar hacia el establecimiento del socialismo.
“¡Abajo la guerra!”.
“¡Todo el poder para los Soviets!”.
“¡Muerte para el traidor de Kerenski!”
“¡Larga vida al camarada Lenin!”

La maquinaria propagandística del partido bolchevique ya se había puesto en marcha, inundando las paredes de Petrogrado con sus lemas y distintivos, enarbolando sus enormes banderas rojas, editando las obras de Lenin (y luego de Trotsky) en formato de panfleto, repartiendo propaganda subversiva, etc.
Tomar el poder, puede decirse, fue una tarea medianamente sencilla para Lenin. Su verdadero problema comenzó a la hora de gobernar. Después de todo, su poder político se sostenía tan sólo por un grupo reducido de revolucionarios organizados en torno a un partido político sin un programa de gobierno. Debía dotarse de contenido a la dictadura del proletariado.

Las primeras medidas:

La fecha del golpe se programó para que coincidiera con la celebración del II Congreso Panruso de los Soviets. El partido bolchevique controlaba la mayoría de los delegados del Congreso, razón por la cual consiguió que se nombrara al camarada Lenin como líder del Consejo de Comisarios del Pueblo (Sovnarkom), la principal institución a cargo del gobierno provisional del país bajo la autoridad del Congreso hasta tanto se constituya una Asamblea Constituyente.
Como Comisario del Pueblo inicialmente Lenin se encargó de velar por el fiel cumplimiento del decreto sobre la propiedad de la tierra, primer remedio bolchevique para los numerosos males de la economía rusa. Cuatro meses más tarde se sancionó la Ley de Socialización de la Tierra del 19 de febrero de 1918 –complementario del anterior decreto- por la cual se estableció la confiscación sin indemnización de todas las tierras de los terratenientes, la nobleza y el clero, reservándose el derecho de su utilización solamente a aquellos campesinos que efectivamente pudieran cultivarlas. “Los derechos sobre los minerales y otros derechos de tipo subsidiario –por su parte- quedaban reservados al Estado. La compra, venta y arrendamiento de la tierra, así como el empleo de trabajo asalariado, quedaban prohibidos”.
Con estas medidas se buscaba socializar la actividad agrícola de manera armónica, evitando el acaparamiento de tierras por parte de grandes terratenientes. La armonía, sin embargo, estuvo muy lejos de alcanzarse. Así, se sabe que “en muchos casos (aunque no en todos) el propio propietario fue violentamente atacado, y los edificios quemados para asegurar lo irrevocable de la transferencia”. En el interior de las provincias, por su parte, cada soviet local campesino llevó a cabo sus propios arreglos expropiatorios “que variaban mucho según las regiones y aún dentro de una misma región”.
Con todo, la revolución agraria tuvo en sus comienzos un efecto poderosamente nivelador de las clases sociales. En este sentido, la mayor parte de los campesinos pobres recibieron tierras nuevas (no siempre aptas para el cultivo), disminuyendo el tamaño medio de las parcelas casi a la mitad. “El campesinado se benefició, también, de la abolición de las deudas y la obligación del pago de rentas a los propietarios no campesinos”.
Por otra parte, un amplio número de campesinos acomodados (denominados “kulaks”) y de soldados licenciados y desertores del ejército (que todavía se encontraban armados) se vieron favorecidos con la redistribución, utilizando métodos agresivos de presión sobre los terratenientes a los efectos de asegurarse una buena cantidad de tierras. Esta situación tuvo lugar, fundamentalmente, durante los años siguientes a la guerra.
Como puede apreciarse, el caos y la desorganización se impusieron a la hora de fragmentar y asignar propiedades. Esta situación, demás está decirlo, repercutió directamente en el sistema productivo ruso, paralizándolo de inmediato. En este sentido, según Teodor Shanin “se registró un cambio agregado descendente en la cantidad de superficie sembrada y en el número de caballos por unidad doméstica campesina” , lo cual se tradujo en un empobrecimiento económico real del campesinado como grupo como consecuencia de la Gran guerra, de la guerra civil y de la revolución.
El hambre provocado por la escasez de alimentos en las ciudades, el racionamiento impuesto desde 1916, el colapso de la economía monetaria y del sistema salarial, la extensión de la guerra civil y la propagación de una epidemia de tifus hicieron insostenible la situación para las autoridades bolcheviques. Si se quería terminar con la anarquía, debía fortalecerse la autoridad estatal fomentando el intervencionismo.

Llegado el 27 de noviembre de 1917 entró en vigencia un decreto sobre el control obrero. Según la nueva normativa, quedaba abolido el secreto comercial, autorizándose a los comités de fábrica (surgidos con posterioridad a la revolución de febrero que derrocó al Zar) a decidir respecto de la producción, venta y distribución de todos los artículos que se produjeran en las empresas. Los comités de fábrica, de esta forma, “tenían derecho a fijar índices mínimos de producción y a controlar los costos”. Los propietarios de las empresas, por su parte, se encontraban obligados a facilitar a los órganos de control obrero toda información jurídica, contable, de costos o ganancial que pudiera resultar de relevancia para los trabajadores.
La aplicación del decreto sobre el control obrero, por supuesto, no hizo más que ayudar a extender el ya exacerbado caos político-económico imperante, convirtiéndose pronto en un caldo de cultivo ideal para la anarquía y la desorganización del trabajo. En este orden de asuntos, la manifiesta falta de conocimiento y “experiencia comercial” por parte de los obreros derivó en la ocurrencia de tristes episodios de robo, reventa de materiales, violencia y desobediencia generalizada.

El 15 de diciembre de 1917 se creó el Consejo Supremo de Economía Nacional (VSNJ), dependiente del Consejo de Comisarios del Pueblo. Entre sus amplísimas funciones se encontraba la de organizar la economía, la industria, la producción y la hacienda pública nacional, pudiendo para ello elaborar todo tipo de normas tendientes a aunar actividades comerciales, a confiscar, requisar o secuestrar mercaderías o bien a nacionalizar diversas ramas de la industria y el comercio.
Las disposiciones “menores” del Consejo Supremo de Economía Nacional (VSNJ) eran implementadas en la esfera local por una amplia red de Consejos Regionales (SNJ) y departamentos (conocidos como “glavki”) encargados de controlar actividades concretas tales como la industria petrolera, la industria textil o la maderera. Aquellas disposiciones de mayor importancia eran controladas directamente por las altas esferas del VSNJ. Entre estas debe hacerse una referencia obligada a la profunda política de nacionalización de la economía soviética encarada con posterioridad a su creación. En este orden de asuntos, apenas un mes después de establecido el control obrero se nacionalizó a los bancos privados, a los que se fundió inmediatamente con el Banco del Estado creando así el “Banco Popular de la República Rusa”.
En enero de 1918, por su parte, se decidió nacionalizar los ferrocarriles y la marina mercante. Ahora bien, con prescindencia de estos dos grandes sectores industriales, inicialmente se nacionalizaron empresas aisladas y no ramas enteras de la industria. Más aún, hasta junio de 1918 las nacionalizaciones se hicieron de manera autónoma y local, esto es, desde abajo, a pedido de los obreros de una determinada empresa, sin la intervención y conocimiento de las altas esferas económicas de la Nación.
Quizá por esto, por los inconvenientes propios derivados de la nacionalización descontrolada de empresas en el interior de la nación rusa, a mediados de enero de 1918 se prohibió por decreto toda nacionalización no autorizada expresamente por el VSNJ. “Nadie debió tomar demasiado en serio esta orden –nos dice con justeza Alec Nové- toda vez que el 27 de abril del mismo año hubo que reiterarla, esta vez con una amenaza de tipo financiero: no se facilitarían fondos a las empresas que fueran nacionalizadas sin la autorización del VSNJ”.
A pesar de lo que podría creerse, sin embargo, hasta mediados de 1918 no se habían nacionalizado una gran cantidad de empresas (menos de quinientas, según se desprende de datos oficiales). Estos datos demuestran la escasa conciencia revolucionaria del proletariado ruso, los cuales -en términos generales- preferían continuar trabajando bajo las órdenes de un capitalista antes que solicitar la nacionalización de su empresa, lo cual podía dejarlo sin trabajo merced al sabotaje de los propietarios o a la propia inexperiencia comercia del movimiento obrero.
Según Nové, “el gran salto hacia el comunismo de guerra debemos fecharlo a finales de junio de 1918, con la promulgación del decreto de nacionalización, que afectaba, en principio, a todas las fábricas (en cuanto distintas de los pequeños talleres)”, y con posterioridad, a todo el comercio y a los seguros.
Las nacionalizaciones, finalmente, fueron acompañadas por el establecimiento de un sistema gubernamental de requisiciones de alimentos –siempre por la fuerza- a los campesinos. Así, según relata Max Nomad en su obra, “...las ciudades producían exclusivamente para las necesidades del ejército, comprometido en la guerra civil, y no tenían nada que ofrecer a los campesinos, a cambio de lo que les quitaban”.
El recrudecimiento de la guerra civil encontró a Rusia en extremo desorganizada, sin ferrocarriles, puentes transitables ni comercios. Así las cosas, resultaba imposible para las pocas fábricas que aún se mantenían en funcionamiento abastecerse de cantidades suficientes de petróleo y materias primas, así como para la población de alimentos, ropas y carbón.
En las ciudades acechaba el hambre y el frío. En el campo, comenzaban a volver aquellos terratenientes que habían sido despojados de sus tierras por decreto. En tales condiciones se implantó el comunismo de guerra.

Conclusiones:

Al producirse la revolución de marzo de 1917, Lenin se encontraba en Suiza. Desde allí escribió una carta al periódico ruso Pravda en la que vertió los siguientes conceptos: “la primera revolución (1905) preparó profundamente el terreno, arrancó de raíz prejuicios seculares, despertó a la vida política y a la lucha política a millones de obreros y a decenas de millones de campesinos, reveló ante cada uno –y ante el mundo entero- todas las clases (y los principales partidos) de la sociedad rusa en su verdadera naturaleza, en la correlación verdadera de sus intereses, de sus fuerzas, de sus medios de acción, de sus objetivos inmediatos y lejanos. La primera revolución y la época de contrarrevolución que le siguió (1907-1914) pusieron al descubierto toda la substancia de la monarquía zarista, la empujaron a su último límite, descubrieron toda la putrefacción, toda la ignominia, todo el cinismo y la corrupción de la banda zarista... Sin la revolución de 1905-1907, sin la contrarrevolución de 1907-1914, habría sido imposible una autodeterminación tan precisa de todas las clases del pueblo ruso...”.

De las anteriores reflexiones puede deducirse que la revolución de 1905 representó una suerte de ensayo general para la posterior revolución de febrero-marzo de 1917. Los trabajadores se conocían, sabían lo que tenían que hacer, en qué momento preciso atacar a la monarquía. La coyuntura política elegida por el movimiento obrero-campesino para llevar a cabo ambas revoluciones, en este sentido, demuestra claramente la veracidad de esta tesis: las revueltas se iniciaron en ocasión de encontrarse el zarismo en una situación de debilidad militar por haber enviado sus tropas a la guerra, esto es, fuera del territorio ruso. “La diferencia verdaderamente importante entre 1917 y 1905 estribó en lo que ocurrió al ejército. Mientras que en 1906 el ejército imperial casi intacto pudo ser empleado para aplastar las revueltas rurales, durante el verano y el otoño de 1917 se desintegró...”.
La noticia de la revolución, como sabemos, fue recibida por el pueblo con un notable y duradero entusiasmo. El triunfo sobre la autocracia zarista, a su entender, había sido absoluto. Para Lenin, en cambio, aún restaba realizar la etapa más importante de la revolución, restaba pasar del gobierno burgués de Kerenski a la instauración de una sociedad marxista. Escuchémoslo arengar al movimiento obrero desde su exilio:

“¡Obreros! Habéis hecho prodigios del heroísmo proletario y popular, en la guerra civil contra el zarismo. Tendréis que hacer prodigios de organización del proletariado y de todo el pueblo para preparar vuestro triunfo en la segunda etapa de la revolución”.

Y el triunfo llegó. Apenas ocho meses después de comenzada la revolución de febrero-marzo de 1917, estallaba una nueva revuelta en Petrogrado. Una revolución que lejos de instituir los pilares sempiternos del marxismo en Rusia va a culminar en una feroz dictadura, no del proletariado sino inicialmente del partido bolchevique y luego de Stalin.

Por supuesto, Lenin y su partido pretendieron que el mundo viera al comunismo de guerra no como una salida a la guerra absolutamente necesaria dadas las condiciones imperantes, sino como un período en la vida soviética inmediatamente previo a la instauración del marxismo. El control obrero, en este sentido, se ideó con el fin de que los proletarios se familiarizaran en la dirección de las empresas, tal como sucedería si se alcanzara una sociedad sin clases. Ahora bien, como se ha intentado demostrar en el presente ensayo no debe pensarse al comunismo de guerra como una totalidad coherente aplicada al conjunto del país, “sino como una serie de decretos determinados por urgencias principalmente políticas y por necesidades de supervivencia”.
Es cierto, la verdadera naturaleza del conglomerado políticas conocido como comunismo de guerra aún sigue generando polémicas. Algunos ven en él una respuesta obligada a la profunda crisis política y económica. Otros, en cambio, un salto deliberado hacia el marxismo.

“¿Ha sido un error?, se preguntaba Lenin al analizar la política del comunismo de guerra que condujo a la crisis de 1921. “Sin duda alguna. A este respecto hemos incurrido simplemente en muchas equivocaciones y sería un gravísimo delito no ver y no comprender que no hemos observado la medida, que no hemos sabido observarla. Pero, por otra parte, también nos hemos visto ante una necesidad imperiosa; hemos vivido hasta ahora en medio de una guerra feroz, increíblemente dura, en la que no nos quedaba otra disyuntiva que actuar con arreglo a las leyes de la guerra hasta en el terreno económico”.

Puede ser que Lenin no tuviera –una vez alejado de la abstracción teórica y enfrentado a los dilemas propios del gobierno- verdaderas intenciones de lanzarse a construir un orden económico del todo socialista. Quizá sus verdaderas intenciones pasaban por afianzar la revolución por medio de una salida inmediata de la guerra y la posterior entrega de pan y de tierras a sus conciudadanos. Es esto una posibilidad.
Sus principales medidas, sin embargo, terminaron con el poder de los kulaks y de la burguesía, ayudando a edificar el socialismo en Rusia y a propagarlo por el mundo. La revolución de octubre de 1917, en este sentido, fue considerada como un eslabón de la revolución mundial, “y efectivamente el derrocamiento de la burguesía rusa abrió un período de revolución en toda Europa: Alemania, Italia, Hungría, Francia, Gran Bretaña, incluso en el Estado español se vivieron los efectos de la revolución rusa durante el llamado trienio bolchevique. El impulso de la revolución se dejó sentir en todos los países del mundo, animó la lucha en occidente y desató los movimientos antiimperialistas en las colonias. Pero a pesar de todo, la traición de los dirigentes socialdemócratas en Alemania, Italia y otros países, unido a la inmadurez y los errores de los jóvenes partidos comunistas permitió a la burguesía rehacer sus posiciones y derrotar temporalmente al proletariado. En estas condiciones, el aislamiento de la revolución se agudizó. Sin el concurso de un Estado obrero en Alemania, la revolución rusa tenía que enfrentarse a tareas gigantescas, hacer frente a la ruina de su economía y resistir la agresión militar imperialista. Eran las condiciones más desfavorables que se podrían imaginar para la transición del capitalismo a la sociedad socialista”.

Desde esta perspectiva, considero, debe analizarse el precipitado proceso de comunistización de la sociedad rusa, evidenciado a principios del siglo XX. A la luz de su coyuntura histórica, a la luz de su verdadera naturaleza política.


Bibliografía:


 ABENDROTH, Wolfang y LENK, Kurt. “Introducción a la Ciencia Política” Editorial Anagrama. Barcelona. 1971.

 CARR, Edward Hallett. “La revolución rusa: de Lenin a Stalin, 1917-1929”. Alianza Editorial. Madrid. 1975-1985.

 DE LA VEGA. J. C. “Diccionario Consultor de Economía Política”. Ediciones Delma. Buenos Aires. 1991.

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 ECHAGÜE, Carlos. “Revolución, restauración y crisis en la Unión Soviética”. Editorial Ágora. Buenos Aires.

 FIGES, Orlando y KOLONITSKII, Boris. “Interpretar la Revolución Rusa. El lenguaje de los símbolos de 1917”. Biblioteca Nueva-Universitat de Valencia. 2001.

 GARCÍA DE CORTAZAR, Fernando. “Álbum de la Historia del Siglo XX”. Biblioteca de Álbumes Culturales. Galaxia Gutenberg. Círculo de Lectores. Barcelona. Septiembre de 1998.

 LENIN, V. I. “El imperialismo, fase superior del capitalismo”. Obras Escogidas. Instituto Marx-Engels-Lenin (Moscú). Editorial Problemas. Buenos Aires. 1946.

 LENIN, V. I. “Cartas desde lejos”. Obras Escogidas. Instituto Marx-Engels-Lenin (Moscú). Editorial Problemas. Buenos Aires. 1946.

 NOVE, Alec. “Historia económica de la Unión Soviética”. Ed. cast., Alianza Editorial, S.A. Madrid. 1973.

 NOMAD, Max. “Herejes políticos. De Platón a Mao Tse-Tung”. Editorial Helio México. México. 1964.

 RAMOS, Juan Ignacio. “Del comunismo de guerra y la NEP al surgimiento de la burocracia”. Artículo publicado en el periódico marxista “El Militante”. Disponible en www.engels.org

 SKOCPOL, Theda. “Los Estados y las revoluciones sociales. Un análisis comparativo de Francia, Rusia y China”. Fondo de Cultura Económica. México.

 SHANIN, Teodor. “La clase incómoda. Sociología política del campesinado en una sociedad en desarrollo (Rusia 1910-1925)”. Alianza Editorial. Madrid. 1985.

 REED, John. “Diez días que abalaram o mundo”. Traducao al portugués de Armando Jiménez. Editorial L&M Pocket. Porto Alegre. Brasil. 2005.

viernes, 6 de febrero de 2009



BENJAMIN CONSTANT Y SU DISCURSO SOBRE LAS DOS LIBERTADES

Por Enzo Ricardo Completa









Consideraciones preliminares:

Frente a los sucesos que se derivaron de la toma de la Bastilla -una vieja fortaleza utilizada para alojar detenidos a la que se consideraba símbolo de la decadente monarquía borbónica- Henri Benjamin Constant de Rebeque (1767-1830) se nos revela con una cierta ambigüedad conceptual. En este orden de ideas, como señala Pierre Manent en su exhaustiva Historia del Pensamiento Liberal, “por un lado Constant está sin reservas a favor de la revolución y contra el antiguo régimen, aprueba no sólo sus principios sino hasta algunas de sus medidas menos liberales (por ejemplo, durante el Directorio Constant aprueba el Fructidor); mientras que por otro lado, Constant es un crítico en extremo penetrante y severo del espíritu o del estilo o de las costumbres de la política revolucionaria y luego imperial”.
Esta misma imputación de ambigüedad le ha sido atribuida merced al sorprendente final de su discurso sobre “la liberté des anciens comparée á celle des modernes”. Un discurso ciertamente desconcertante, al parecer escrito en dos momentos distintos del tiempo y remendado oportunamente antes de ser pronunciado en el Ateneo Real de París, en febrero de 1819.
El presente ensayo revela las trascendentales circunstancias históricas que acompañaron la redacción y posterior pronunciamiento de su discurso. Como no podría ser de otra manera, la tornadiza sucesión de regímenes políticos inaugurados en Francia a partir de la convocatoria de los Estados Generales, jugó un papel importante –sino primordial- en la evolución de sus ideas.

Dos distintos géneros de libertad:

El proceso revolucionario que se inició en Francia a principios de 1789 estuvo fuertemente influenciado por la idea de libertad. Ahora bien, no todos los hombres a los que les tocó protagonizar la revolución coincidían respecto del efectivo alcance y contenido que debía dársele a tan significativo derecho del hombre y del ciudadano. En este sentido, ¿debía optarse por una libertad políticamente participativa en desmedro de las mezquindades del ámbito íntimo, o bien, por el contrario, por una libertad que garantice la esfera privada por sobre los excesos de un modelo político basado en la consagración del individuo a la vida pública?
Los primeros en responder este interrogante fueron los jacobinos quienes, luego de levantarse contra la monarquía del rey Luis XVI, iniciaron una intensa campaña popular destinada a refundar las instituciones, costumbres y valores morales de la sociedad francesa sobre la base de un vetusto concepto de libertad vinculado a la antigüedad. De esta forma, según Maximilien Robespierre:

“...todo aquello que sirva para excitar el amor a la patria, purificar las costumbres, elevar los espíritus, dirigir las pasiones del corazón humano hacia el interés público, debe ser adoptado o establecido por vosotros; todo lo que tiende a concentrarlas en la abyección del yo personal, a despertar el gusto por las pequeñas cosas y el desprecio de las grandes, debéis eliminarlo o reprimirlo. En el sistema de la Revolución Francesa, lo que es inmoral es impolítico, lo que es corruptor es contrarrevolucionario. La debilidad, los vicios, los prejuicios, son el camino de la monarquía”.

Heinrich Heine dijo cierta vez que Inmanuel Kant decapitó a Dios mientras que Robespierre hizo lo suyo con el rey. Pues bien, si se coincide con la autora no habrá problemas en identificar a la guillotina con la influyente teoría de la soberanía popular de Jean Jacques Rousseau. En efecto, amparados en las ideas del célebre ginebrino, el club de los jacobinos se embarcó en la difícil tarea de instaurar un régimen político que se parecía bastante al de la democracia directa de la República de Lacedemonia, fundado en la sujeción de la vida privada de los individuos a los designios de la soberanía colectiva.
El carácter extemporáneo de la propuesta, para Constant, era más que evidente. En este sentido, le resultaba verdaderamente difícil de entender que alguien –quienquiera que éste sea- pudiera considerar “provechoso” el seguir a rajatabla las huellas políticas de la antigüedad, más aún en una Francia moderna cuyo pueblo vivía tranquilo de los placeres derivados de la industria y el comercio, esto es, sin la necesidad ni el deseo de reunirse a deliberar diariamente en las plazas públicas.
Oscar Godoy Arcaya sintetiza claramente el anacronismo jacobino: “Los revolucionarios no captan la altura de los tiempos, no advierten la índole de la situación histórica que están viviendo y que creen representar. La verdad es que en las postrimerías del siglo XVIII es patente la aparición de una sociedad comercial o mercantil moderna. Esta sociedad se caracteriza por abarcar grandes comunidades humanas, en cuyo seno los individuos dedican una parte substancial de su tiempo a actividades productivas. La esclavitud ha desaparecido, la división del trabajo se ha diversificado y las grandes mayorías carecen de tiempo y disposición para ponerse al servicio de los asuntos públicos. Características opuestas a aquellas de las ciudades-estados de la antigüedad”.
Como bien señalara Constant, los jacobinos estaban profundamente convencidos de la necesidad de que todo intereses particular cediera en presencia de la voluntad colectiva. A su particular entender, toda restricción que se impusiera a los individuos sería ampliamente compensada por la participación en el poder social, cuestión que, como intentaremos establecer luego, distaba mucho de concordar con los verdaderos deseos de los franceses. Ahora bien, ¿En qué consistía, concretamente, la libertad para los antiguos? Según Constant:

“consistía en ejercer colectiva, pero directamente, muchas partes de la soberanía entera; en deliberar en la plaza pública sobre la guerra y la paz; en concluir con los extranjeros tratados de alianza; en votar las leyes, pronunciar las sentencias, examinar las cuentas, los actos, las gestiones de los magistrados, hacerlos comparecer ante todo el pueblo, acusarlos, y condenarlos o absolverlos”.

La libertad en los tiempos modernos, en cambio, era radicalmente distinta a la concepción que de la misma tenían los antiguos, quienes solo consideraban como hombre libre a aquel “que no vivía de su trabajo manual sino dedicado a los asuntos comunes, mediante el ejercicio diario de la soberanía”. Promediando el siglo XVIII se era libre si se poseía un control total sobre la vida privada o doméstica, con prescindencia de que se participase o no en las tareas del gobierno.
Como puede apreciarse, la libertad tal como la entendían los modernos se encontraba claramente disminuida en su esfera político-participativa, no obstante esto garantizaba a los individuos el efectivo goce de una sumatoria de derechos que impedían el control tiránico de la mayoría sobre su vida, costumbres y conducta privada. Así, para Benjamín Constant la libertad de un inglés, de un francés o bien de un habitante de los Estados Unidos de América estaba vinculada, fundamentalmente:

“al derecho de no estar sometido sino a las leyes, a no poder ser detenido, ni preso, ni muerto, ni maltratado de manera alguna por el efecto de la voluntad arbitraria de uno o de muchos individuos; es el derecho de decir su opinión, de escoger su industria, de ejercerla, y de disponer de su propiedad, y aún de abusar si se quiere, de ir y venir a cualquier parte sin necesidad de obtener permiso, ni de dar cuenta a nadie de sus motivos o sus pasos; es el derecho de reunirse con otros individuos, sea para deliberar sobre sus intereses, sea para llenar los días o las horas de la manera más conforme a sus inclinaciones y caprichos; es, en fin, para todos el derecho de influir o en la administración del gobierno, o en el nombramiento de algunos o de todos los funcionarios, sea por representaciones, por peticiones o por consultas, que la autoridad está más o menos obligada a tomar en consideración”.

Dos circunstancias, a su criterio, sustentan el profundo cambio histórico que se ha dado en la forma de concebir la libertad, a saber: el crecimiento territorial de los Estados y el notable incremento de la actividad comercial.
Así, la escasa extensión de las ciudades de los primeros tiempos hacía que cada polis viviera en un constante estado de amenaza y de guerra. Como consecuencia, era intrínseco a la existencia de dichos pueblos el poseer una abundante mano de obra esclava, la cual se encargaba de realizar la mayor parte de los trabajos manuales, mecánicos e industriales necesarios para el normal funcionamiento de la comunidad política. Como bien señala Benjamin Constant, “sin la población esclava de Atenas veinte mil atenienses no hubieran podido ir a deliberar todos los días a la plaza pública”.
Con la llegada de la modernidad, las relaciones entre los Estados (mucho más grandes ahora, merced a la agrupación política de innumerables feudos) dejaron de cimentarse exclusivamente en la cotidianeidad de la guerra. El comercio, que en la antigua Grecia no existía más que como un mero accidente dichoso, comenzó a ser considerado “el estado ordinario, el objeto único, la tendencia universal y la verdadera vida de las naciones, que apetecen únicamente el descanso, con él la comodidad, y como origen de esta la industria”.
La ausencia de esclavos y la aparición del comercio, para Constant, hacían inviable todo intento de transplantar la democracia directa de los antiguos a la sociedad de los modernos. De ahí, entonces, que no escatimara esfuerzos en denostarla por extemporánea y poco pragmática. A su sensato entender, debía instaurarse un sistema político representativo, “el cual no es otra cosa que una organización con cuyo auxilio una nación se descarga sobre algunos individuos de aquello que no quiere o no puede hacer por sí misma”. Y esto debía ser así, básicamente, porque:

“...la parte que en la antigüedad tomaba cada uno en la soberanía nacional no era, como entre nosotros, una suposición abstracta: la voluntad de cada uno tenía una influencia real; y el ejercicio de esta misma voluntad era un placer vivo y repetido... Pero este resarcimiento no existe hoy para nosotros; perdido en la multitud, el individuo casi no advierte la influencia que ejerce; jamás se conoce el influjo que tiene su voluntad sobre el todo”.

Ahora bien, aunque los ciudadanos de la pólis ateniense hayan tenido muchas más probabilidades que sus semejantes de París de resolver una elección sobre la base de su propio sufragio, o bien, aunque estos erróneamente se considerasen hombres libres debido al hecho de que podían disponer de su cuerpo y alma para asistir a las asambleas y ejercer -llegado el caso- las magistraturas, no es mucha la diferencia que los separaba de sus esclavos. En definitiva, y salvando las diferencias lógicas que al respecto puedan hacerse, “lo que el esclavo era en las manos de su amo lo era el ciudadano en manos de la comunidad” , el primero se encontraba privado de su vida pública, mientras que el segundo subsistía tiranizado en su vida privada.
Sobran los ejemplos para ilustrar esta situación. Así, según relata el mismísimo Constant en su discurso, en la ciudad de Esparta el virtuoso Terpandro no pudo añadir una mísera cuerda a su lira sin que alguno de los magistrados se diese por ofendido. En Roma, por su parte, los censores públicos escudriñaban hasta el interior de las familias, mientras que en la República de Lacedemonia un joven recién casado no podía visitar libremente a su nueva esposa sin contar con el permiso de las autoridades correspondientes.
Al buen decir del Dr. Enrique Aguilar, “...nada había en el hombre antiguo que fuese independiente. Su cuerpo pertenecía al Estado y estaba consagrado a su defensa; su fortuna, a disposición de una eventual requisa. Ciudades había que prohibían el celibato y leyes que reglaban hasta la vestimenta”. Era esa, y no otra, la situación de sometimiento en la que se encontraba el individuo en las sociedades de la antigüedad, preso de una voluntad general que, entre otras tantas aberraciones, lo obligaba a profesar el credo de su ciudad bajo la pena de ser ajusticiado por los magistrados, desterrado en virtud del ostracismo o asesinado mediante la ingesta de la amarga cicuta, tal como le sucediera a Sócrates.

Como puede apreciarse, en este punto del discurso se advierte a un Constant un tanto preocupado por el rumbo político de la Francia post-revolucionaria. En las antípodas de la libertad políticamente participativa de los antiguos y a favor de una libertad que garantice la esfera privada por sobre los excesos de la consagración del individuo a la vida pública, encontraba profundamente irritante que a más de veintitrés centurias y setenta y cinco generaciones de distancia del Siglo de Oro de Pericles aún se propusiera resucitar instituciones tales como el ostracismo griego y la censura romana. De ahí, entonces, que se opusiera a aquellos que por medio de sus inoportunas proclamas sólo iban a conseguir que el ya oprimido pueblo francés se subyugase aún más (esta vez en lo que compete a su vida privada) por medio de la adopción de una libertad político-participativa imposible de ser practicada tal como se lo hacía en la antigüedad.
A su sensato entender, el contexto político-social en el que se desenvolvía la búsqueda del bienestar y de la felicidad en la antigüedad griega era radicalmente distinto del contexto en que se daba esta misma situación en los tiempos de la revolución. Como consecuencia, resultaba altamente inconveniente –por no decir violento- el imponer a un Estado social y moral dado instituciones o acciones políticas modeladas según un Estado social y moral radicalmente diferente.
De acuerdo a las propias palabras de Constant, la independencia individual era el primer y único deseo de sus contemporáneos franceses. No obstante esto, termina su discurso reconociendo a la libertad política de los antiguos (la liberté des anciens) su condición de “garantía indispensable” para la protección y mejora de las modernas libertades civiles (liberté des modernes).
Lejos, pues, de proclamar la superioridad del principio de los modernos por sobre el de los antiguos, o bien de renunciar a alguna de las dos especies de libertad por él descriptas, Benjamin Constant concluye su disertación formulando una novedosa propuesta: combinar ambos tipos de libertad. Sorprendente final para su discurso, a decir verdad, puesto que cuando todo en su arenga había hecho pensar que su intención era la de defenestrar la extemporánea propuesta de los jacobinos, termina, por lo pronto, concediéndoles mucho...

Una salida inesperada:

Al comienzo de este ensayo se hizo referencia a una cuestión valorativa sobre la cual suelen coincidir quienes han leído el discurso de Benjamín Constant sobre los dos géneros de libertad. Me refiero a la clara sensación de desconcierto que nos deja su cambiante final. Pues bien, escuchémoslo concluir:

“...Pero en el hecho de diferenciarse la libertad antigua de la moderna se halla ésta también amenazada de un peligro de diferente especie. El de la antigua consistía en que los hombres, atentos solamente a asegurar la división del poder social, hiciesen muy buen uso de los derechos y goces individuales; pero el peligro de la libertad moderna puede consistir en que, absorbiéndonos demasiado en el goce de nuestra independencia privada y en procurar nuestros intereses particulares, renunciemos con mucha facilidad al derecho de tomar parte en el gobierno político”.

Como puede apreciarse, Benjamin Constant finaliza su discurso haciendo referencia al principal peligro que, a su entender, podía derivarse de la adopción de las modernas libertades, esto es, la falta de compromiso político de la ciudadanía provocada por una atención desmedida de los ciudadanos a sus intereses particulares.
Resulta ciertamente extraño escuchar a un liberal como Constant advertir respecto de los peligros que acechan la adopción de libertades civiles, más aún si se tiene en cuenta su aguerrida arremetida en contra de la libertad política de los antiguos, aclamada por los jacobinos al comienzo de la revolución. Pues bien, existe la opinión generalizada de que aquella parte final del discurso fue una coletilla oportunista añadida a su cuerpo principal, producto de una operación de montaje de consideraciones circunstanciales con piezas procedentes de anteriores manuscritos. En este sentido, la versión original del discurso de Constant debería ser buscada en el incisivo folleto de Madame de Stael sobre las Circonstances actuelles qui peuvent terminer la Revolution (1798), escrito durante la época del Directorio y del que se presume Constant fue su coautor.
Ahora bien, ¿Qué habrá llevado a Constant a agregar tres páginas a su discurso original veinte años después de haberlo escrito, en caso de que efectivamente lo haya hecho?
La respuesta a este interrogante puede deducirse del análisis de los hechos que marcaron su vida. Así, cabe recordar brevemente que después del golpe de Estado del 18 de Brumario, Emmanuel Sièyes obtuvo la creación del Tribunado cuya función principal fue la de proponer la agenda de los asuntos que debía discutir y votar el Corps Législatif. Como sabemos, Constant fue elegido para ocupar una de sus bancas, desde la cual intentó poner trabas a los proyectos dictatoriales del Primer Cónsul Napoleón Bonaparte, quien deseaba destruir el sistema representativo en aras de establecer un Imperio. Esta situación, por supuesto, le valió a Constant su exilio, el cual se extendió hasta el año 1814, cuando la restauración monárquica le permitió regresar.
Llegado el año 1815, durante los famosos cien días de Napoleón Bonaparte, Constant accedió a redactar un proyecto de constitución liberal para el Imperio. Este hecho aconteció a instancias del mismísimo Napoleón quien, conteniendo sus deseos de ponerlo en prisión, quiso darle a su Imperio un giro constitucional de carácter representativo, quizás como último recurso para conservar el poder. Las colinas de Waterloo -y el ejército inglés comandado por Wellington, por cierto- señalaron el final del Imperio y la restauración definitiva de los borbones, la misma dinastía monárquica que veinticinco años antes había sido depuesta por los revolucionarios.
El virtual agregado de tres páginas a la parte final del discurso, entonces, se explica (y en parte, también, se justifica) si se tiene en cuenta esta tornadiza sucesión de eventos históricos derivados de la toma de la Bastilla.
Para Benjamin Constant la Revolución de 1789 había personificado la magnífica victoria del sistema electivo contra el sistema hereditario. De esta forma, cuando en el año 1804 el Papa Pío VII coronó a Napoleón Bonaparte como Emperador hereditario del pueblo francés, para Constant la revolución había involucionado hasta el punto de llegar a morderse la punta de su propia cola.
El fracaso de Robespierre, Barrás y del resto de los integrantes del Comité de Salvación Pública y del Directorio había posibilitado la ocurrencia de esta verdadera paradoja política. Lejos de instaurarse en Francia un sistema electivo fundado en la libertad y la igualdad, con posterioridad al golpe de Estado del 18 Brumario había comenzado a florecer una ignota nobleza amparada en el surgimiento de un poder eminentemente autoritario: el Imperio.
Sólo inmersos en este cambiante contexto histórico podemos llegar a entender las verdaderas razones del sorprendente cambio discursivo que se produjo en Constant. Después de todo, la Francia de la Restauración monárquica distaba mucho de parecerse, en el ejercicio de las libertades civiles y políticas, a la Francia que conociera Constant en la época del Directorio o del Imperio bonapartista. “Si entonces había que defender la privacidad y la paz frente a los desbordes nacidos de la imitación de las antiguas repúblicas, urgía ahora afrontar a quienes pretendían volver las cosas a quicio, esto es, anclarse en el Antiguo régimen y borrar el proceso revolucionario. De ahí que no bastara con reclamar las libertades de expresión, conciencia, asociación o comercio. En pleno reinado de Luis XVIII, y para contener el avance de los ultras, se trataba de evitar además que el individuo, refugiado en la fortaleza de sus derechos, abdicara por indiferencia sus deberes ciudadanos”.
En resumidas cuentas, a dos décadas de haber comenzado a redactar el borrador del que luego sería su más famoso discurso político, una preocupación se había apoderado de la mente de Benjamin Constant, tornando su pensamiento político hacia la moderación. Temía profundamente que, enfrascados en el disfrute de su vida privada y en la búsqueda de la felicidad individual, los franceses renunciaran de manera definitiva a la posibilidad de tomar parte en el gobierno político. Temía, sobre la base de la experiencia revolucionaria y bonapartista, que la despolitización se convirtiera en un caldo de cultivo favorable a la tiranía.
Desde este enfoque, considero, es que debe analizarse el discurso de Benjamin Constant sobre los dos géneros de libertad.


Bibliografía:


Bibliografía específica:

AGUILAR, Enrique. “Benjamin Constant y el debate sobre las dos libertades”. Libertas No 28. Buenos Aires. 1998.

BÉJAR, Helena. “El corazón de la república. Avatares de la virtud política”. Editorial Paidos. Barcelona. 2000.

BERTOMEU, María Julia. DOMÉNECH, Antoni. DE FRANCISCO, Andrés. “Republicanismo y Democracia”. Miño y Dávila editores. Buenos Aires. 2005.

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DAIBERG-ACTON, John. “The history of Freedom in Antiquity” (1.877) en Essays in the History of liberty, Selected writings of Lord Acton. Editado por J. Rufus Fears. Liberty Classics. Indianapolis. 1986.

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LABOULAYE, Edouard. “La liberté antique et la liberté moderne”. (1863), en L´État et ses limites, cinquiéme édition, Charpentier et Cie. Libraires-Editeurs. Paris. 1871.

MANENT, Pierre. “Historia del pensamiento liberal”. Emecé Editores. Buenos Aires. 1990.

SÁNCHEZ MEJÍA, María Luisa. “Estudio preliminar a los escritos de Benjamin Constant”. Centro de Estudios Constitucionales. Madrid. 1989.


Bibliografía complementaria:

BOBBIO, Norberto. “Liberalismo y Democracia”. Fondo de Cultura Económica. Mexico. 1992

HOLMES, Stephen. “Benjamin Constant and the Making of Modern Liberalism”. Yale University Press. New York. 1984.

RODRIGUEZ VARELA, Alberto. “Historia de las Ideas Políticas”. A-Z editora. Buenos Aires. Octubre de 1995.

miércoles, 28 de enero de 2009

LA POLÍTICA COMO SISTEMA. REFLEXIONES DESDE LA TEORÍA SISTÉMICA DE NIKLAS LUHMANN




por Enzo Ricardo Completa


Palabras preliminares.

La muerte de Niklas Luhmann, acaecida en noviembre de 1998, dejó inacabada su obra sobre la conceptualización sistémica de la política. Ya en el año 1971 había aparecido en Alemania una recopilación de sus principales artículos relacionados con la política desde el punto de vista de la teoría de los sistemas. Ahora bien, promediando la década del noventa Luhmann planeaba publicar una nueva obra en la que pudiera extender sus argumentaciones iniciales. Lamentablemente, el repentino deterioro de su salud le impidió finalizar el escrito. Conciente de que le quedaba poco tiempo de vida, Luhmann dedicó sus últimos esfuerzos a concluir la redacción de su gran proyecto científico: La Teoría General de la Sociedad. Cuanto le faltó decir respecto de la política como sistema, no podemos saberlo. No obstante esto, contamos con una idea más que precisa de su pensamiento en relación al funcionamiento del macrosistema social.

El presente ensayo pretende contribuir al conocimiento de la teoría luhmaniana de sistemas en general, y del sistema político, en particular. Una teoría, debemos reconocer, muy poco frecuentada debido a su inusitado nivel de abstracción y a su dificultoso lenguaje técnico, pero sumamente refrescante para la sociología en tanto disciplina que tiene a cargo la tarea de reducir la creciente complejidad social. El instrumental teórico-metodológico creado por Niklas Luhmann, en este sentido, resulta sumamente beneficioso para todos aquellos cientístas sociales que pretendan observar un determinado sistema social a los efectos de estudiar su funcionamiento y, llegado el caso, modificarlo.

En la búsqueda de una redefinición del concepto sociedad:

Niklas Luhmann nació en el año 1927 en la ciudad de Lüneburg, Baja Sajonia (Alemania). A los 17 años fue obligado a formar parte de la aviación nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Detenido por las tropas norteamericanas, recobró la libertad y comenzó a estudiar derecho en Friburgo, donde se doctoró en 1949. Funcionario público desde 1954, su trabajo en la Corte de Administración de Lüneburg y luego en el Ministerio de Estado de Cultura y Educación de Hannover le pareció excesivamente rutinario. Esta situación lo llevó a tomarse un año sabático en 1961, el cual aprovechó para viajar a Estados Unidos y estudiar sociología en la Universidad de Harvard. En 1964 publicó su primer libro (Funktionen und Folgen formaler Organisation) y un año después ingresó en la Universidad de Münster, en Dortmund, donde se doctoró en sociología política (1967). En 1968 fue el primer profesor formalmente contratado en la recién fundada Universidad de Bielefeld, en donde permaneció durante el resto de su carrera como catedrático y, desde 1993, como emérito. Fue en Bielefeld donde encontró la tranquilidad necesaria para emprender la construcción de una teoría omnicomprensiva de la sociedad con un nivel de abstracción comparable al de las llamadas ciencias duras.

Su propuesta teórica, como sabemos, emergió a partir de la obra del prestigioso sociólogo norteamericano Talcott Parsons, de quien fue alumno en la Universidad de Harvard durante la década del sesenta. Sus postulados, sin embargo, superaron el enfoque estructural-funcionalista de su mentor, dinamizándolo a partir de la introducción de distintos planteamientos provenientes de un sinnúmero de disciplinas científicas. Los aportes recibidos de la cibernética de segundo orden de Wiener, en este sentido, así como también del cálculo matemático de George Spencer-Brown, del constructivismo radical de Von Foerster, de la fenomenología de Husserl y, más recientemente, de los análisis biológicos de los chilenos Humberto Maturana y Francisco Varela, terminaron de refinar sus argumentos dando forma definitiva a la famosa Teoría General de la Sociedad (Die Gessellschaft der Gessellschaft) publicada en el año 1997 después de treinta años de preparación.

Como puede apreciarse, en Luhmann se superponen diversas influencias, distintos enfoques analíticos de la realidad. Su teoría se erige como el punto de convergencia teórica por excelencia de los desarrollos antes mencionados. Al decir del sociólogo mexicano Antonio Emmanuel Berthier, “...en ella se pueden reconocer dos prestaciones que se van desarrollando paralelamente: una reconstrucción general y rigurosa de la teoría de sistemas y un esfuerzo por darle a la sociología una nueva base para la descripción de lo que la propia sociología se ha adjudicado como objeto de estudio, el orden social”. De acuerdo a este autor, podemos reconocer en Luhmann la pretensión de reconstituir la teoría de sistemas como un aparato conceptual capaz de generar descripciones lo suficientemente complejas como para aspirar a absorber la complejidad de la sociedad moderna. Ahora bien, esta reconstrucción teórica se encuentra subordinada a su verdadero y legítimo objetivo: brindar a la sociología un nuevo instrumental de observación con un grado mayor de complejidad y abstracción que le permita redefinir su objeto de estudio.

Para Niklas Luhmann, el abordaje investigativo de la sociedad se encuentra rodeado de numerosas dificultades -entre ellas, la carencia absoluta de referencias objetivas sobre éste término- las cuales han impedido a la sociología moderna alcanzar una determinación conceptual unívoca del mencionado objeto de estudio. Como consecuencia, desde hace casi un siglo se sigue recurriendo a los autores clásicos, a pesar de que éstos no dan cuenta de la complejidad del mundo contemporáneo. De ahí la imperiosa necesidad luhmanniana de confeccionar una nueva forma de hacer sociología, una forma totalmente alejada del discurso sociológico tradicional, de las numerosas limitaciones teóricas, conceptuales y metodológicas del pasado.

Según dijera Gastón Bachelard, “frente a lo real, lo que cree saberse claramente ofusca lo que debiera saberse. Cuando se presenta ante la cultura científica, el espíritu jamás es joven. Hasta es muy viejo, pues tiene la edad de sus prejuicios. Tener acceso a la ciencia es rejuvenecer espiritualmente, es aceptar una mutación brusca que ha de contradecir a un pasado”. Con estas palabras el famoso epistemólogo francés introdujo su concepto de obstacles epistémologiques, con el cual significó que los conocimientos derivados de la tradición científica impiden un análisis científico adecuado provocando expectativas que en el mayor de los casos no pueden ser satisfechas. En un todo de acuerdo con estas proposiciones, Luhmann considera sumamente improbable que alguna persona o disciplina pueda estudiar científicamente a la sociedad del presente partiendo de una serie de bloqueos cognitivos inconscientes propios de la antigua sociología. “Estos obstáculos que bloquean el conocimiento –sostiene- están presentes en la idea de la sociedad que hoy prevalece y se manifiestan en la forma de tres hipótesis que se relacionan y se sostienen recíprocamente:

- Que una sociedad está constituida por hombres concretos y por relaciones entre los hombres.
- Que las sociedades son unidades regionales, territorialmente delimitadas, por lo cual Brasil es una sociedad distinta de Tailandia, los Estados Unidos son una sociedad distinta de lo que hasta ahora se ha llamado Unión Soviética, y también Uruguay es una sociedad distinta de Paraguay.
- Y que las sociedades, por tanto, pueden ser observadas desde el exterior como grupos de hombres o como territorios”.

Para el caso específico del sistema político de la sociedad, el bloqueo cognitivo más importante que opera en el presente puede resumirse en la siguiente sentencia por todos conocida: sociedad y política son dos objetos distintos e incluso antagónicos. De acuerdo a este razonamiento, quienes ejercen funciones en el ámbito de las organizaciones formales de la esfera política (entiéndase, en municipios, legislaturas, ministerios, secretarías, gobernaciones, etc.) se encuentran totalmente alejados –y hasta contrapuestos- del conjunto de individuos que conforman la sociedad.

La aceptación generalizada de este tipo de argumentaciones -para Jorge Galindo- ha permitido que la sociología, alejándose de todo afán de cientificidad, tome partido por la sociedad en lo que se observa como una confrontación. A su entender, “la sociología, contagiada de periodismo y moral, apuesta por los atributos normativos de la sociedad a la cual conceptúa como opuesta a una política caracterizada por su corruptibilidad”. Teniendo en cuenta esta arista propia del discurso tradicional de la sociología política, no resulta extraño que los partidos políticos contemporáneos se dediquen a ganar adeptos o elecciones por medio de discursos electorales políticamente correctos, esto es, desprovistos de una ideología aparente. El regreso de la sociedad a la política, en este sentido, se muestra como una condición necesaria para fortalecer a la democracia y, en definitiva, para sacar a aquellos individuos que se han enriquecido en la función pública.

La obra de Luhmann busca romper esta línea argumental. Su objetivo consiste en construir un concepto de sociedad totalmente desligado de las anteriores limitaciones discursivas. La sociedad, sostiene nuestro autor, es mucho más que un sistema compuesto por las acciones recíprocas de los individuos. Ella no vive. Tampoco se organiza de un modo humano, en base a fronteras y líneas divisorias. No pesa lo mismo que el total de los hombres y no cambia de peso por cada uno que nazca o que muera. Resulta inútil, por tanto, el aferrarse a conceptos humanísticos o territoriales de la sociedad. Hoy más que nunca, la globalización de la economía, de la política y la cultura hacen que cada evento que acontezca en el mundo incida en la totalidad del acontecer social.

Naturalmente, Luhmann no niega la existencia del hombre ni ignora la relevancia de las diferencias geográficas, climáticas, lingüísticas o culturales que inciden en la vida de las personas que habitan este planeta y los hacen comportarse de manera heterogénea. Su teoría, simplemente, renuncia a deducir de estos hechos un criterio para la definición de un concepto tan complejo y dinámico como el de sociedad. A su sensato entender, la sociología obtendrá los instrumentos conceptuales necesarios para aprehender a la sociedad tan sólo si aprende a observar a su objeto de estudio como una distinción operativa entre sistema y entorno. He ahí la transformación más profunda de su teoría: ya no se habla de objetos sino únicamente de distinciones.

De la distinción primigenia al sistema político:

La distinción sistema-entorno constituye el punto de partida de la teoría de sistemas luhmanniana. Según ella, “un sistema no puede darse independientemente de su entorno, en cuanto que se constituye precisamente al trazar, mediante sus operaciones, un límite que lo distingue de lo que como ambiente, no le pertenece”. Ahora bien, trazar un límite no significa aislar al sistema sino, solamente, diferenciarlo de lo que le es ajeno.

Todo lo que se encuentre fuera de un sistema, nos dice Luhmann, pertenece invariablemente a su entorno. Dentro de este entorno, por su parte, existen otros sistemas para los cuales el primero es visto como entorno. Que es sistema y que es entorno, de esta forma, se encuentra directamente relacionado con la perspectiva de la observación.

Respecto del sistema sociedad, la distinción se realiza gracias a la comunicación. Es ésta la que hace, diferencia y modifica a la sociedad (y por extensión a todos los sistemas) y no los individuos, sus roles o relaciones, que para Luhmann se ubican dentro del entorno de los sistemas sociales. Naturalmente, los hombres participan en todos los sistemas parciales funcionalmente diferenciados que existen en la sociedad pero no forman parte de ninguno de ellos por definición. Los sistemas, afirma Luhmann, sólo se encargan de reproducir al propio sistema y no a las personas. Volviendo a los sistemas sociales, es la comunicación la que posibilita que los mismos realicen sus operaciones, esto es, que cada sistema estructuralmente determinado pueda cambiar sus propias estructuras.

A diferencia de los autores clásicos de la teoría evolutiva -que en el caso de los organismos vivos atribuyen la evolución a cambios exógenos provenientes del medio ambiente- Luhmann afirma que los sistemas “pueden ser irritados por el ruido del entorno, pero no pueden constreñirse a la adaptación por el entorno. En sentido estricto, por el contrario, todo sistema ya está adaptado al propio entorno”. La evolución, de esta manera, se origina en las propias operaciones del sistema.

Al entender de Luhmann, durante el transcurso de los siglos la evolución produjo en el interior de la sociedad un proceso de diferenciación funcional que dio origen a una multiplicidad de sistemas parciales entre los cuales se encuentra el sistema político. El binomio sociedad y política, en este sentido, no debería ser pensado en términos amigo-enemigo sino únicamente desde una perspectiva genitiva, en donde la sociedad es la progenitora y el sistema político uno de sus muchos descendientes.

Y si decimos, junto a Niklas Luhmann, que el sistema político es un sistema parcial de una sociedad diferenciada por funciones, debemos aclarar cual es la función específica de este nuevo sistema. Para el prestigioso sociólogo alemán no caben dudas, la función social de un sistema político es la toma de decisiones colectivas de carácter vinculante, la cual sólo puede perpetrarse mediante la centralización de la capacidad de ejercer violencia física sobre los subordinados, es decir, por medio de la concentración del poder en manos de un Leviatán.

No constituye el objeto de este ensayo analizar las ideas de poder que tienen las principales corrientes ideológicas de esta época, entre ellas el liberalismo, el marxismo, la democracia social y los distintos tipos de totalitarismos. Tampoco teorizar sobre las características del poder surgido por la fuerza, la herencia o por el sufragio. Simplemente vamos a destacar que en la teoría sistémica de la política de Niklas Luhmann el poder es visto como un medio de comunicación simbólicamente generalizado que hace probable la obediencia de órdenes. Por supuesto, como bien aclaran Corsi, Espósito y Baraldi en su Glosario, “esto no significa que todas las comunicaciones políticas sean uso o amenaza de uso de poder (no lo son, por ejemplo, los debates parlamentarios, las discusiones entre los partidos políticos, etc), sino que un sistema político se forma, diferencia y alcanza autonomía sólo a partir de la identificabilidad de un poder capaz de motivar a aceptar decisiones vinculantes”.

A quien le toca ejercer el poder de manera legítima y a quien no depende –al menos en los sistemas democráticos- del resultado de las elecciones electorales. Son ellas las que determinan la conformación del gobierno y, por ende, las que permiten la supervivencia y autoreproducción del sistema político por medio de la posibilidad periódica de sustituir a los gobernantes. Al decir de Jorge Galindo, “las elecciones cumplen así con la función de confrontar a la política con un futuro que resulta para ella desconocido... El cambio entre gobierno y oposición se decide en las elecciones, las cuales no pueden ser políticamente controladas. El hecho de que en las democracias modernas el voto sea libre y secreto evita que el partido gobernante controle las elecciones. Este procedimiento genera una especie de corto circuito autogenerado en la política, por medio del cual se asegura la posibilidad de la alternancia”.

Como consecuencia de esta situación de frecuente alternancia política, el código básico del sistema político ha quedado conformado desde un principio de la siguiente manera: superior (aquel que detenta cargos estatales y que tiene poder por haber ganado las elecciones) e inferior (quien no tiene poder y se encuentra alejado de los cargos, por lo cual sólo puede proyectar decisiones colectivas de carácter no vinculante). La llegada de la modernidad, por un lado, y el advenimiento del liberalismo político durante el siglo XVIII y XIX, por el otro, hicieron que este código evolucionara hasta alcanzar un alto grado de sofisticación política bajo la forma de gobierno-oposición.

Actualmente, la continuidad histórica de dicho código resulta prioritaria para el sostenimiento de la democracia representativa. Su sola presencia garantiza la existencia de libertades políticas y de participación ciudadana. Si faltara uno de los términos que integran el binomio –supongamos la oposición- estaríamos en presencia de un Estado dictatorial que impediría la alternancia gubernativa y se perpetuaría en el poder. Por el contrario, si el término suprimido fuera el gobierno, la anarquía ganaría las calles, la oposición desaparecería por no tener razón de ser y el sistema político dejaría de diferenciarse. Sea como fuere, en ambos casos el sistema político estaría condenado a muerte.


Modo de operar del sistema político:

Como se dijo anteriormente, la comunicación posibilita que los sistemas sociales realicen sus operaciones. Dichos sistemas, sin embargo, no operan de forma arbitraria o descontrolada sino que funcionan de una manera operacionalmente cerrada, esto es, sin comunicación con su entorno en el plano de sus operaciones propias. Esta particularidad congénita de los sistemas (que los hace operar únicamente dentro de sus propios límites) fue bautizada por Luhmann con el nombre de clausura operacional.

De acuerdo a esta tesis, la estructura de un sistema puede construirse y transformarse únicamente mediante las operaciones de este mismo sistema. Un ejemplo muy ilustrativo de este procedimiento auto-organizativo de los sistemas es el lenguaje, el cual sólo puede transformarse mediante comunicaciones y no inmediatamente a partir de fenómenos climáticos, geológicos o sobrenaturales. Ahora bien, sobre la base de estas consideraciones cabría preguntarse cómo configura el sistema de la política sus relaciones con el entorno, puesto que no puede mantener ningún tipo de contacto con el mismo. A los efectos de dar respuesta a este interrogante, deben introducirse los conceptos de autopoiesis y acoplamiento estructural.

El primero de estos conceptos fue elaborado en la década del setenta por el biólogo chileno Humberto Maturana quien lo creó para designar a una forma específica de organizarse que tienen los organismos vivos. Según Maturana, éstos organismos se caracterizan por la capacidad de producir y reproducir por sí mismos los elementos que los constituyen, definiendo de esta forma su propia unidad. Cada organismo vivo, en este sentido, vive y se reproduce gracias a un retículo de operaciones intrínsecas y no gracias a una acción proveniente de su exterior.

La teoría sociológica de Niklas Luhmann, claro está, tomó este concepto y lo trasladó desde el plano de los sistemas vivos al de los sistemas sociales. Al entender del profesor alemán, puede individualizarse un sistema autopoiético en todos los casos en los que se pueda individualizar a un modo específico de operación. Respecto de los sistemas sociales, sus operaciones se encuentran compuestas por comunicaciones, las cuales se producen solamente en el interior de los límites de estos sistemas con prescindencia de sus entornos. Dichos sistemas sociales son, pues, autoreferenciales, permaneciendo cerrados a flujos externos de comunicación no necesaria, improductiva o destructiva.

Ahora bien, nótese que para Luhmann los sistemas no son completamente autosuficientes. En un sentido estricto, “todos los sistemas necesitan muchos presupuestos factuales en su entorno que no pueden producirse ni garantizarse por ellos mismos”. La reproducción de la comunicación, por ejemplo, presupone un montón de condiciones que normalmente se dan por supuestas, entre ellas, un ambiente físico apto, sistemas psíquicos que puedan participar de la comunicación, etc. Esta limitación de los sistemas fue notada por Luhmann quien acuñó el concepto de acoplamiento estructural para denotar a la relación existente entre un sistema determinado y los presupuestos del entorno que deben presentarse para que pueda producirse la autopoiesis.

El origen específico de tales presupuestos del entorno se considera indistinto. Los mismos pueden provenir, incluso, de otros sistemas con los cuales el primero se encuentre relacionado. El sistema de la política, por ejemplo, se halla estrechamente acoplado al sistema del derecho. Dicho acoplamiento se hace posible gracias a la regulación establecida por la Constitución Nacional, la cual funciona como un nexo entre ambos sistemas que posibilita su entendimiento y reproducción. El profesor Rudolf Stichweh explica este punto con una precisión sorprendente: “La Constitución, por una parte, ata el sistema político al derecho, con la consecuencia de que el comportamiento contrario al derecho conduce al fracaso político. Por otra parte, la Constitución permite que el sistema político –mediante la promulgación de leyes- inunde con novedades al sistema del derecho...”.

Como puede apreciarse a través de estos breves comentarios, el concepto de acoplamiento estructural se encuentra íntimamente ligado al concepto de autopoiesis. Aunque diferentes, ambos se posibilitan mutuamente en el sentido de que ningún sistema puede operar de manera autopoiéticamente clausurada si no se encuentra estructuralmente acoplado a su entorno.

Estado y sistema político:

Actualmente se reconoce a Niklas Luhmann como el autor de la última gran teoría sociológica de carácter omnicomprensivo de la sociedad. Según este académico heredero de la teoría sistémica de Talcott Parsons, la sociedad debe ser pensada como un gran sistema social que ordena todas las comunicaciones posibles entre los hombres sobre la base de una diferenciación funcional u operacional de los sistemas.

Para Luhmann todas las funciones de los sistemas son igualmente importantes y necesarias para la sociedad. Lejos de sucumbir ante el peso de los prejuicios provenientes de la tradición sociológica, sostiene que la sociedad moderna se organiza de manera acéntrica, sobre la base de una multiplicidad de sistemas autónomos ubicados en un mismo nivel jerárquico y sin un órgano central encargado de conducirla. Todo intento de centrar a una sociedad funcionalmente diferenciada sobre un determinado sistema parcial, asevera, no hará más que encaminarla hacia su destrucción.

Esta polémica tesis coloca al sistema político en una posición secundaria, esto es, relegado del clásico rol de centro o núcleo social que alguna vez le otorgaran los sociólogos ilustrados del S. XVIII (para quienes el sistema político se erigía como instancia general de coordinación social). Nótese aquí que Luhmann hace referencia al sistema político en general y no al Estado en particular, el cual visto como un sistema de decisiones organizadas, diferenciado al interior del sistema político.

Conviene detenernos un momento en este punto a los efectos de dilucidar el papel específico que le asigna Niklas Luhmann al Estado dentro del sistema político. El mismo, en este sentido, es definido como una organización delimitada a través de confines territoriales que facilita la función del sistema político, es decir, la toma de decisiones colectivas de carácter vinculante. Dentro de un Estado territorial particular coexisten diversos sistemas organizados según un esquema de centro y periferia. El centro está compuesto por el Estado, único foco de orientación de la totalidad de las organizaciones políticas que integran la periferia, entre ellas, los partidos políticos y las organizaciones no gubernamentales.

La función asignada al Estado, como se dijo, es la de ayudar al sistema político en la consecución de su fin. Para ello requiere invariablemente de poder, el cual se diferencia y se fija a través de un código que distingue entre superiores e inferiores. Desde la desaparición del sistema feudal en la Edad Moderna esto ha sido así, el Estado ha utilizado su enorme poder para compeler a su subordinados a aceptar decisiones políticas de carácter vinculante. Actualmente, en cambio, desde amplios sectores políticos y académicos se sostiene que el Estado-nación ha entrado en crisis. Para muchos, la globalización lo ha superado. En este sentido, se lo ve incapaz de afrontar los poderosos embates provenientes de tres frentes simultáneos: desde los organismos internacionales de carácter supranacional (como la Unión Económica Europea, el MERCOSUR, el ALCA, o el NAFTA), desde los influyentes centros multinacionales de poder económico (como Wall Street o la Bolsa de Tokio) y desde los miles de gobiernos locales del mundo que claman por alcanzar su autonomía política, institucional, administrativa y económica-financiera.

Sobre la base de lo anterior, la teoría sistémica de la política de Luhmann claramente aporta un nuevo clavo al féretro del Estado-nación toda vez que apuntala su desplazamiento de la función reguladora de la sociedad asignándole un mismo nivel de importancia en relación al resto de las organizaciones políticas de la periferia. Mas que el prestigioso sociólogo alemán sustente esta tesis en sus escritos no constituye una verdadera innovación teórica dentro de las ciencias sociales. Como se dejó entrever con anterioridad, muchos analistas políticos de la actualidad le han asignado un rol residual al Estado-nación dentro del acontecer social (aunque, por cierto, desde diferentes enfoques teóricos). El verdadero y más polémico aporte de Luhmann al respecto reside en haber trascendido la crítica al Estado-nación englobando al sistema político en su conjunto dentro de los sistemas autónomos ubicados en un mismo nivel jerárquico dentro de la sociedad.

Aunque a algunos pueda parecernos discutible, la rigurosa teoría de Luhmann llega a la conclusión de que el sistema político no resulta más importante para la sociedad moderna que el sistema del arte, de la ciencia o de la religión. Lejos de haber un centro rector de la vida social, los sistemas se acoplan estructuralmente diferenciándose de manera funcional por medio de sus operaciones. Toda una ruptura con los supuestos sociológicos de Marx, Weber y Durkheim, ciertamente.


Bibliografía:


- BACHELARD, Gastón. La formación del espíritu científico. Editorial Siglo XXI. México. 1979.

- BERTHIER, Antonio. La sociología de la complejidad de Niklas Luhmann. Conferencia dictada en la Universidad Autónoma Metropolitana – Azcapotzalco. México. 13 de Noviembre de 2001. Disponible en: www.conocimientoysociedad.com

- CORSI, Giancarlo; ESPÓSITO, Elena y BARALDI, Claudio. Glosario sobre la teoría social de Niklas Luhmann. Universidad Iberoamericana, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) y Editorial Anthropos. México. 1996.

- GALINDO, Jorge. La política como sistema. Reflexiones en torno a la sociología política de Niklas Luhmann.

- LUHMANN, Niklas. Teoría de la Sociedad. Triana Editores en coedición con la Universidad Iberoamericana. Segunda Edición. México. Septiembre de 1998.

- PINTOS, Juan Luis. Política y complejidad en la teoría sistémica de Niklas Luhmann: la libertad como selección. Universidad de Santiago de Compostela. Braga. Marzo de 1998. Disponible en: www.usc.es

- STICHWEH, Rudolf. Teoría de sistemas versus teoría de la acción. La comunicación como opción teórica. Disponible en: www.metapolitica.com.mx

lunes, 5 de enero de 2009



"REPERCUSIONES DE LA DICTADURA DE AUGUSTO PINOCHET (1973-1989) EN LA PROVINCIA DE MENDOZA (República Argentina)"

Por el Lic. Enzo Ricardo Completa.






SI DESEA CITAR EL PRESENTE ARTICULO POR FAVOR UTILICE EL SIGUIENTE FORMATO:
“Repercusiones de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1989) en la provincia de Mendoza (República Argentina)”. Abstract y ponencia en el CD del “IX Seminario argentino-chileno y III Seminario Cono Sur de Estudios Sociales, Humanidades y Relaciones Internacionales”, organizado por el Centro de Estudios Trasandinos y
Latinoamericanos. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Nacional de Cuyo, 15, 16 y 17 de Octubre de 2008. ISBN 978 -987 – 9441 – 32 – 9 (2008).

El proceso de militarización sudamericano

El 11 de septiembre de 1973 la Marina, el Cuerpo de Carabineros, la Aviación y el Ejército de Chile se levantaron en armas poniendo fin a la breve experiencia socialista de Salvador Allende y su Unión Popular. Las primeras declaraciones oficiales de la Junta Militar dejaban entrever que el gobierno que comenzaba tendría un carácter circunstancial, hasta tanto se restaurara “la chilenidad, la justicia y la institucionalidad quebrantada” por la amenaza marxista. Unas semanas más tarde, sin embargo, el discurso castrense viró hacia fórmulas cada vez más extremas y atemporales. En este sentido, lejos ya de querer restaurar el sistema democrático tradicional, la Junta Militar comenzó a considerar a la democracia como “la causa misma de la crisis”. (Gazmuri, 2006).
Como consecuencia de este notable cambio discursivo, numerosas instituciones vinculadas al funcionamiento del sistema democrático chileno fueron disueltas, entre ellas: el Congreso Nacional, los poderes comunales, el Tribunal Constitucional y los partidos políticos. La prestigiosa novelista Isabel Allende, hija de Tomás Allende, diplomático y primo hermano del ex presidente chileno, apunta en una de sus novelas que “...en nombre de la eficiencia económica los generales frigorizaron la historia, combatieron la democracia como una ideología foránea y la reemplazaron por una doctrina de ley y orden...”. (Allende, 1995: 215)
Genaro Arraigada, al respecto, presume que la retórica inicial, de restauración de la institucionalidad quebrantada, quedó sepultada bajo la enormidad de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante septiembre y octubre de 1973. (Arriagada, 1998: 40). En este sentido, según los datos aportados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), durante los primeros meses de la dictadura fueron torturadas más de cuarenta mil personas. Un año más tarde, con la creación de la Dirección de Inteligencia Nacional -una suerte de policía secreta organizada con el fin de detener y eliminar, tanto en Chile como en el extranjero, a las escasas fuerzas paramilitares de la oposición- la violación a los derechos humanos se vería perfeccionada y sistematizada.
Ahora bien, a pesar de la presencia de ciertos caracteres propios del régimen autoritario y personalista del General Augusto Pinochet Ugarte, la represión militar sufrida en Chile no constituyó un acontecimiento inédito dentro del escenario político sudamericano. Muy por el contrario, el “Pronunciamiento Militar” que derrocó a Salvador Allende llegó para sumarse a una larga lista de golpes de Estado, al parecer encadenados, que había comenzado en Paraguay (1954-1989), pasando por Ecuador (1961-1979), Brasil (1964-1985), Argentina (1966-1973 y 1976-1983), Perú (1968-1980), Bolivia (1971-1978 y 1980-1982) y Uruguay (1973-1985)
Durante este prolongado lapso de tiempo, solamente Venezuela y Colombia permanecieron dentro del sistema democrático en Sudamérica, lo cual no implica que sus gobiernos se hayan mantenido ajenos al uso de mecanismos represivos durante sus gestiones. Eran los tiempos de la Doctrina de la Seguridad Nacional, un cuerpo de ideas auspiciado por el gobierno de los Estados Unidos con el fin de impedir la propagación del marxismo soviético en el continente. Esta doctrina, que había sido inculcada a oficiales del ejército de casi todos los países latinoamericanos en la base norteamericana de Panamá, así como también en dependencias de la National War College (EEUU), supo calar hondo en las mentalidades castrenses de la región, induciéndolas a combatir a un “enemigo interno y subversivo” que se había engendrado en Cuba tras el derrocamiento del General Batista.
La República Argentina, entretanto, se encontraba en un período de plena efervescencia política. Tras un prolongado exilio, Juan Domingo Perón había regresado a su patria imponiéndose con el 62% de los votos en las elecciones del 23 de septiembre de 1973, apenas un par de semanas después del suicidio del presidente Allende y del comienzo del golpe militar en Chile. Dieciocho años antes, la autodenominada “Revolución Libertadora” lo había derrocado, obligándolo a exiliarse en distintos países de Latinoamérica y España. El prolongado ostracismo de Perón, sin lugar a dudas, marcó la política del gobierno justicialista para con los exiliados de la dictadura pinochetista, a los cuales se dio amparo y refugio mediante una serie de disposiciones legales que regularizaron su estadía.
Ahora bien, a mediados del año 1974 las condiciones de exilio de los inmigrantes chilenos se endurecieron de manera directamente proporcional al ascenso político del “Brujo” López Rega y de su brazo armado antimarxista, la Triple A. El fallecimiento del General Perón no hizo más que empeorar la situación de los mismos en la medida en que potenció la circulación de rumores golpistas ahora en contra de su esposa, María Estela Martínez, quien hasta entonces se había desempeñado como vicepresidenta. Finalmente, el quiebre democrático llegó la madrugada del 24 de marzo de 1976, cuando el helicóptero que trasladaba a Isabelita desde la Casa Rosada hacia la residencia de Olivos sufrió un súbito “desperfecto mecánico” que obligó al piloto a dirigirse hacia una zona militar ubicada en Aeroparque. Unas horas más tarde, la otrora presidenta de los argentinos era llevada hacia los lagos del sur, lejos para siempre de la escena política nacional. Se iniciaba, así, el infame “Proceso de Reorganización Nacional”, el cual se encargaría de deportar y/o asesinar a la enorme cantidad de chilenos que a duras penas habían alcanzado a llegar a la Argentina.

Mendoza: Un destino conocido para los chilenos

Separados por más de 5.000 Km de cumbres cordilleranas, los destinos políticos de Argentina y Chile han permanecido ligados a lo largo de la historia. Expediciones militares, migraciones y exilios, en este sentido, han sido moneda corriente desde la época del Virreinato del Río de la Plata. La provincia de Mendoza, ubicada a escasos 380 Km de Santiago de Chile, ha ocupado un lugar privilegiado en la ocurrencia de estos procesos migratorios, básicamente, “como escenario de rearticulación de los sectores contestatarios en pugna con la oficialidad”. (Paredes, 2003: 133)
Así, cuando en el año 1814 los realistas derrotaron a los patriotas chilenos, más de 2.500 exiliados llegaron a Mendoza. Un siglo y medio más tarde, con el arribo de la Unión Popular al poder (1970-1973), ciertos grupos conservadores decidieron radicarse en la provincia con el fin de confabular en contra de la administración de Salvador Allende. Así lo demuestra Gastón Bustelo quien, en una notable tarea de investigación periodística, describe parte de los sucesos que involucraron al Frente Nacionalista Patria y Libertad (FNPL) con determinados sectores conservadores de la provincia, por ese entonces gobernada por Francisco Gabrielli (Partido Demócrata) en su carácter de Interventor designado por el General Lanusse.
Luego del quiebre del sistema democrático en Chile, la corriente migratoria invirtió rápidamente su sentido ideológico adquiriendo características masivas. Así, de los 13.800 chilenos “registrados” que entraron a Mendoza durante el período 1971-1973, se pasó a un total de 103.700 tan sólo durante el transcurso del año 1974 y de los primeros dos meses de 1975. Y decimos registrados, con comillas, porque esta ampliamente documentado que una gran cantidad de trasandinos ingresó a la provincia cruzando a pié la Cordillera de Los Andes por las inmediaciones de los pasos Pehuenche, Las Loicas y El Yeso, comúnmente utilizados por arrieros de la región para transportar a su ganado durante los meses de verano. Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), un total de 6.899 chilenos alcanzaron la categoría de refugiados políticos de la dictadura. El resto de los exiliados siguieron su camino hacia otras provincias o bien hacia el exterior, utilizando a Mendoza como ciudad de paso por considerarla poco segura para su permanencia definitiva.
Respecto de los chilenos que se afincaron permanentemente en la provincia, en su mayoría se abocaron a la conformación de organizaciones político-sociales orientadas a mejorar la calidad de vida de los recién llegados, o bien, a incidir en el escenario político de su patria natal. El primer tipo de organizaciones, según Alejandro Paredes, estuvo compuesto por argentinos sensibles a las carencias de los inmigrantes chilenos (como el Comité Ecuménico de Acción Social), por organizaciones internacionales dedicadas a la problemática de los inmigrantes y los refugiados políticos (ACNUR y el Consejo Mundial de Iglesias), y por chilenos residentes en Cuyo (Uniones vecinales y Centros Culturales). Las segundas, en cambio, incorporaban aportes de una amplia variedad de instituciones y partidos políticos de Chile que trabajaron en Mendoza con el apoyo de agrupaciones locales (Movimiento Izquierdista Revolucionario: MIR), o bien, eran grupos que nacieron en Argentina o en Europa impulsadas principalmente por exiliados chilenos. Aquí encontramos a la Comisión Provincial de Solidaridad con el Pueblo Chileno: COMACHI; al Chile Democrático; al Instituto por el Nuevo Chile (INC) y a eventos especiales como las ESIN (Escuelas Internacionales de Verano) VI y VII, y el Recital de Amnesty Internacional. (Paredes, 2003: 137-138)
Entre toda esta multiplicidad de instituciones, partidos políticos y organismos nacionales e internacionales que intentaron socorrer a la tumultuosa marea de exiliados políticos que arribaba desde Chile, merece destacarse el accionar solidario del Comité Ecuménico de Acción Social, creado el 20 de mayo de 1974 con el fin de asistir a los mismos en materia de radicación, otorgamiento de visas, trabajo, protección, asistencia médica, psicológica y social.
Para cumplir con estas funciones, el CEAS debió recurrir a la conformación de un equipo interdisciplinario de profesionales y pastores los cuales, a su vez, contaron con la ayuda y asesoramiento de una multiplicidad de organizaciones procedentes de Argentina, Chile y el mundo, entre ellas, Cruz Roja Argentina, Comisión Católica de Migraciones de la Conferencia Episcopal Argentina, Cáritas Argentina, Acción Popular Ecuménica (APE.), Iglesia Evangélica del Río de la Plata (IERP), Iglesia Evangélica Metodista Argentina (IEMA), Arzobispado de Mendoza, Ejército de Salvación, Comité para la Paz de Chile, Comisión Argentina para los Refugiados (CAREF), Asociación de Protección al Refugiado, Equipo Pastoral de Migración de Neuquén y, fundamentalmente, del Consejo Mundial de Iglesias (CMI) y de la Representación Regional para América Latina del ACNUR, el cual garantizó el amparo, asistencia y refugio de los exiliados con recursos provenientes de Naciones Unidas.
Juana Juri, una joven abogada mendocina que por aquel entonces estaba haciendo sus primeras armas en derecho, fue la persona elegida por el ACNUR para desempeñarse como Asesora Legal del CEAS., cargo en el que permaneció por un período de dieciocho años. Su función principal, entre tantas que desempeñó, consistía en evaluar, para cada caso en particular y de acuerdo a normas y convenios internacionalmente aceptados, si los exiliados chilenos eran pasibles de ser considerados refugiados políticos en Argentina. En caso de obtener este status, se le otorgaba una Ayuda de Emergencia (dinero, alimentos, alojamiento, etc.) o bien una visa que le permitiera salir rápidamente de país.
El resto de los recién llegados, por su parte, era acogido en las oficinas del CEAS de acuerdo al principio de protección integral del exiliado. Se trataba –en definitiva- de ofrecer un sendero digno, útil y positivo, para que el doloroso lapso del exilio fuera fructífero y superador. Entendida así la protección integral era algo más que la simple posibilidad de permanecer legalmente en el país receptor y sobrepasaba los límites de los programas ofrecidos por ACNUR y otros organismos internacionales. El desafío se refería al rescate de una existencia digna, íntegra u fructífera de militantes políticos y sociales, en una difícil encrucijada provocada por un enemigo poderoso y cruel. (CEAS, 2001: 27)
Durante el período 1973-1975, recuerda Juana Juri con satisfacción, “se abrieron en Mendoza un total de catorce hoteles, además de varios talleres de carpintería, mecánica y laborterapia”. Todas estas acciones, demás está decirlo, fueron realizadas en un contexto de mucha tensión y peligro. En este sentido, el equipo del CEAS recibió amenazas de muerte en reiteradas oportunidades, situación que se vio coronada por el estallido de una potente bomba en la Sede del Comité el día 6 de septiembre de 1975.

Situación de los refugiados en Mendoza durante el período 1976-1983

El CEAS pudo funcionar con cierta libertad hasta el mes de marzo de 1976, momento en que comenzó la más terrible de las dictaduras argentinas. A partir de entonces, su accionar se vio entorpecido por las directivas de un gobierno que había adherido (junto a sus pares de Brasil, Bolivia, Chile, Uruguay y Paraguay) a la Operación Cóndor, un sistema represivo ideado con el fin de detener, interrogar y asesinar a los militantes políticos de la izquierda latinoamericana, en cualquier lugar del mundo en donde se encontraran, mediante la acción conjunta y coordinada de los distintos servicios de inteligencia de la región. El Decreto No 1.483/76 y su posterior ampliación mediante el Decreto No 1.966/77, en este sentido, definieron la política a seguir para con los refugiados, a los cuales se catalogó de “ilegales”. Luego de esto comenzarían los allanamientos en hoteles, parroquias y casas privadas, la detención de sospechosos en la vía pública y la repatriación clandestina de un sinfín de chilenos residentes en Mendoza.
Rolando Concatti, ex sacerdote del movimiento tercermundista y miembro fundador de la Fundación Ecuménica de Cuyo y del CEAS, afirma que, paralelo a la instauración de la dictadura en Argentina, comenzó a menguar el dinero que llegaba puntualmente desde el ACNUR con el fin de brindar protección y hospedaje a los refugiados políticos chilenos, lo cual repercutió directamente en el funcionamiento de los programas asistenciales del CEAS. “Esto fue así –sostiene Concatti- porque para la ONU la situación de los argentinos bajo la dictadura de Videla era mucho más apremiante que la de los propios refugiados trasandinos”.
Esta política institucional de corte y/o disminución de la ayuda de emergencia por parte del ACNUR, obligó a los refugiados que no estaban en situación de vulnerabilidad a asumir las responsabilidades de su propio abastecimiento e integración a un medio local que se les presentaba extraño y hostil. Como consecuencia, la mayoría de los exiliados cayó en una situación de desprotección y precariedad que derivó en la aparición de un fenómeno no deseado para el CEAS, el de la dependencia de los refugiados hacia la institución.
Todos estos factores, sumados a la agudización del conflicto limítrofe entre Argentina y Chile en el año 1978 y a la posterior postura pro-inglesa del régimen de Pinochet ante la Guerra de Malvinas, confluyeron en el tiempo generando un marcado sentimiento antichileno en Argentina que desalentó la llegada de contingentes chilenos a la provincia. Esta situación, sin embargo, se vio parcialmente revertida a partir del reavivamiento de las luchas antidictatoriales que derivaron en el fallido atentado en contra de la vida de Pinochet por parte del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, en septiembre de 1986. Este incidente, y fundamentalmente la escalada represiva que sobrevino después del mismo, generó una nueva oleada de exiliados en las dependencias del Comité Ecuménico. En este contexto, marcado por el lento retorno de la democracia en Argentina, el CEAS debió redefinir sus prácticas y objetivos a los efectos de evitar la reaparición de viejos problemas e inconvenientes tales como la escasez de recursos, el asistencialismo, la desidia de los exiliados y la total dependencia de los mismos al Comité.

El proceso de retorno a Chile.

Históricamente no ha existido en la Argentina una legislación específica que proteja a los refugiados políticos de manera integral y efectiva. En este sentido, si bien se había adherido a la Convención de Ginebra del año 1951 y a su posterior Protocolo de 1967, se lo hizo utilizando una reserva geográfica por la cual sólo se reconocía la calidad de refugiado político a aquellos peticionantes de origen europeo. Como consecuencia de esta cláusula, todos los exiliados provenientes de Oceanía, Asia, África o bien del resto de América eran considerados “refugiados de hecho” y no “de derecho”, debiendo ser protegidos por el ACNUR y sus instituciones asociadas (el CEAS, por ejemplo) y no por las autoridades gubernamentales.
Con la llegada de la democracia, en el año 1983, esta situación comenzó a cambiar radicalmente. Prueba de ello fue la rápida adhesión de Argentina a la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), el Decreto No 645/84 revocatorio de las facultades concedidas al Poder Ejecutivo Nacional en materia de expulsión de extranjeros, la sanción de la Ley Nacional No 23.160 que dejó sin efecto el injusto mecanismo de la reserva geográfica y el Decreto No 464/85 que ordenó la constitución de una Comisión de Elegibilidad para los Refugiados (CEPARE), compuesta por tres representantes del Ministerio del Interior, dos de la Cancillería Argentina y uno del ACNUR (con voz pero sin voto) Paralelo a la ocurrencia de estos procesos, el triunfo de la oposición al régimen de Pinochet, logrado en el plebiscito de 1988, creó en Chile una nueva situación, en la que creció la esperanza de que se produzca un proceso de apertura democrática, dentro de grandes dificultades y contradicciones. La concreción de las elecciones presidenciales en diciembre de 1989 y la entrega del gobierno a las autoridades electas por la voluntad popular, configuraron una nueva coyuntura que hizo vislumbrar la etapa final de la problemática del refugio chileno. (CEAS, 2001: 57)
En este marco cambiante, a todas luces favorable, el CEAS se propuso como objetivo contribuir desde el trabajo institucional al retorno planificado y responsable de refugiados chilenos a su país de origen, lo cual sucedió, fundamentalmente, entre los años 1988 y 1990. Luego de esto, el trabajo del CEAS se limitó a continuar la protección de las pocas familias que aún no decidían su retorno y a la asistencia y protección de un grupo de refugiados que debían permanecer en Mendoza porque tenían procesos pendientes en Chile ante tribunales militares, y debían esperar un mejoramiento de su situación procesal para poder regresar con un mínimo de seguridad. (CEAS, 2001: 59). Llegado el mes de diciembre de 1993, el ACNUR consideró cumplida la tarea del CEAS en Mendoza, determinando el cese en la financiación de los proyectos y programas que aún continuaban en vigencia. Inmediatamente después, el Comité se aprestaba a cerrar sus puertas de manera definitiva.

Consideraciones finales.

El arduo e intrincado proceso de transición entre dictaduras y democracias en Latinoamérica ha generado en el seno de sus sociedades una amplia gama de antagonismos sobre los cuales, todavía, no se ha podido avanzar de manera efectiva. Como consecuencia, a más de veinticinco años de haberse producido el último de los golpes de Estado en la región, se continúa debatiendo sobre el rol que tuvieron determinados sectores civiles, políticos y militares durante los procesos dictatoriales, optándose por el olvido, la justicia, el perdón, el repudio y la justificación de sus actos, delitos y omisiones.
Esta misma dualidad discursiva frente a los excesos cometidos por las dictaduras se hizo presente en ocasión de producirse la llegada de las primeras oleadas de exiliados políticos a la provincia de Mendoza y sus alrededores. En este sentido, promediando la década del setenta en Argentina, estuvieron quienes optaron por auxiliar y dar refugio a los recién llegados conformando instituciones solidarias que los acogieran, y quienes los ignoraron actuando como si nada malo estuviera aconteciendo en el país trasandino.
Todas estas cuestiones, anecdóticas para algunos, centrales para otros, aún hoy dividen las aguas de la opinión pública latinoamericana, generando posiciones con el tiempo cada vez más encontradas. La sociedad chilena post-Pinochet, en este orden de asuntos, se erige como una muestra acabada de este notable desdoblamiento discursivo. En efecto, no debe olvidarse que en ocasión del plebiscito del 5 de octubre de 1988 –efectuado quince años después del infame derrocamiento del presidente Salvador Allende por las Fuerzas Armadas- un 43,01% de la población chilena votó a favor de que el dictador continuara en el ejercicio del poder, porcentaje que salvo contadas excepciones se ha mantenido del lado de la derecha chilena hasta el presente. Por supuesto, el triunfo en las urnas de la Concertación por el No determinó la eventual extinción del régimen militar chileno, posibilitando el regreso de miles de exiliados políticos desde la República Argentina y el resto del mundo.
Este fenómeno, resueltamente poco estudiado si se tiene en cuenta la trascendental importancia que reviste en materia de integración binacional, debería ser repensado críticamente a los efectos de determinar las condiciones socio-históricas que lo hicieron posible. Hoy, a veinte años de haberse aliviado las tensiones fronterizas que casi llevan a la guerra a las repúblicas de Chile y Argentina, parece haberse encontrado el auge cooperativo que potencia sinergéticamente las capacidades y ventajas de ambas sociedades (Comisión Binacional Parlamentaria Chileno-Argentina, 1999: 5) Demás está decirlo, buena parte de este progreso en las relaciones entre ambas naciones se debe a los ingentes esfuerzos del CEAS por menguar las terribles repercusiones de la dictadura del General Augusto Pinochet Ugarte (1973-1989) en la provincia de Mendoza.



Bibliografía:

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ARRIAGADA, Genaro (1998) Por la razón o la fuerza. Chile bajo Pinochet. Santiago de Chile: Editorial Sudamericana Chilena.
BUSTELO, Gastón (2001) Impacto de la dictadura pinochetista en Mendoza (1973-1988), en Revista de Estudios Trasandinos No 5. Santiago de Chile: co-edición UNCuyo, UNSJ, Universidad Nacional de Comahue, Universidad de Congreso, Convenio Andrés Bello.
COMITÉ ECUMÉNICO DE ACCIÓN SOCIAL (CEAS) (2001) Recepción y protección de refugiados chilenos. Una experiencia ecuménica en Mendoza. 1973-1992. Provincia de Mendoza (Argentina): Editorial Alfa Impresos.
COMISIÓN BINACIONAL PARLAMENTARIA CHILENO-ARGENTINA (1999) La Juventud Chilena y Argentina al Encuentro de la Integración, en 1º Encuentro de Juventudes Políticas Chileno-Argentinas. Santiago de Chile: Editorial El Mercurio de Valparaíso.
GAZMURI, Cristian. Una interpretación política de la experiencia autoritaria. (1973-1990). Publicaciones Electrónicas, Instituto de Historia, Pontificia Universidad Católica de Chile, s.f.. Disponible en www.hist.puc.cl (página visitada el día 25 de octubre de 2006)
HERAS de GUILLOT y GÁLVEZ (1978) Migración tradicional y migración en crisis. Una década de afluencias bolivianas y chilenas a Argentina y la región cuyana (1965-1975) Provincia de Mendoza (Argentina): PISPAL.
PAREDES, Alejandro (2003) Las prácticas políticas de los exiliados chilenos en Mendoza y su incidencia en Chile (1970-1989), en Revista Universum No 18. Chile: Universidad de Talca ediciones.

Entrevistas:

Concatti, Rolando. Miembro fundador del CEAS. Integrante del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo. Departamento de Luján de Cuyo. Provincia de Mendoza. Lunes 20 de febrero de 2006.
Juri, Juana. Asesora Legal del CEAS (1973-1993) Ciudad Capital. Provincia de Mendoza. Miércoles 01 de marzo de 2006.