LA POLÍTICA COMO SISTEMA. REFLEXIONES DESDE LA TEORÍA SISTÉMICA DE NIKLAS LUHMANN

por Enzo Ricardo Completa


Palabras preliminares.

La muerte de Niklas Luhmann, acaecida en noviembre de 1998, dejó inacabada su obra sobre la conceptualización sistémica de la política. Ya en el año 1971 había aparecido en Alemania una recopilación de sus principales artículos relacionados con la política desde el punto de vista de la teoría de los sistemas. Ahora bien, promediando la década del noventa Luhmann planeaba publicar una nueva obra en la que pudiera extender sus argumentaciones iniciales. Lamentablemente, el repentino deterioro de su salud le impidió finalizar el escrito. Conciente de que le quedaba poco tiempo de vida, Luhmann dedicó sus últimos esfuerzos a concluir la redacción de su gran proyecto científico: La Teoría General de la Sociedad. Cuanto le faltó decir respecto de la política como sistema, no podemos saberlo. No obstante esto, contamos con una idea más que precisa de su pensamiento en relación al funcionamiento del macrosistema social.

El presente ensayo pretende contribuir al conocimiento de la teoría luhmaniana de sistemas en general, y del sistema político, en particular. Una teoría, debemos reconocer, muy poco frecuentada debido a su inusitado nivel de abstracción y a su dificultoso lenguaje técnico, pero sumamente refrescante para la sociología en tanto disciplina que tiene a cargo la tarea de reducir la creciente complejidad social. El instrumental teórico-metodológico creado por Niklas Luhmann, en este sentido, resulta sumamente beneficioso para todos aquellos cientístas sociales que pretendan observar un determinado sistema social a los efectos de estudiar su funcionamiento y, llegado el caso, modificarlo.

En la búsqueda de una redefinición del concepto sociedad:

Niklas Luhmann nació en el año 1927 en la ciudad de Lüneburg, Baja Sajonia (Alemania). A los 17 años fue obligado a formar parte de la aviación nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Detenido por las tropas norteamericanas, recobró la libertad y comenzó a estudiar derecho en Friburgo, donde se doctoró en 1949. Funcionario público desde 1954, su trabajo en la Corte de Administración de Lüneburg y luego en el Ministerio de Estado de Cultura y Educación de Hannover le pareció excesivamente rutinario. Esta situación lo llevó a tomarse un año sabático en 1961, el cual aprovechó para viajar a Estados Unidos y estudiar sociología en la Universidad de Harvard. En 1964 publicó su primer libro (Funktionen und Folgen formaler Organisation) y un año después ingresó en la Universidad de Münster, en Dortmund, donde se doctoró en sociología política (1967). En 1968 fue el primer profesor formalmente contratado en la recién fundada Universidad de Bielefeld, en donde permaneció durante el resto de su carrera como catedrático y, desde 1993, como emérito. Fue en Bielefeld donde encontró la tranquilidad necesaria para emprender la construcción de una teoría omnicomprensiva de la sociedad con un nivel de abstracción comparable al de las llamadas ciencias duras.

Su propuesta teórica, como sabemos, emergió a partir de la obra del prestigioso sociólogo norteamericano Talcott Parsons, de quien fue alumno en la Universidad de Harvard durante la década del sesenta. Sus postulados, sin embargo, superaron el enfoque estructural-funcionalista de su mentor, dinamizándolo a partir de la introducción de distintos planteamientos provenientes de un sinnúmero de disciplinas científicas. Los aportes recibidos de la cibernética de segundo orden de Wiener, en este sentido, así como también del cálculo matemático de George Spencer-Brown, del constructivismo radical de Von Foerster, de la fenomenología de Husserl y, más recientemente, de los análisis biológicos de los chilenos Humberto Maturana y Francisco Varela, terminaron de refinar sus argumentos dando forma definitiva a la famosa Teoría General de la Sociedad (Die Gessellschaft der Gessellschaft) publicada en el año 1997 después de treinta años de preparación.

Como puede apreciarse, en Luhmann se superponen diversas influencias, distintos enfoques analíticos de la realidad. Su teoría se erige como el punto de convergencia teórica por excelencia de los desarrollos antes mencionados. Al decir del sociólogo mexicano Antonio Emmanuel Berthier, “...en ella se pueden reconocer dos prestaciones que se van desarrollando paralelamente: una reconstrucción general y rigurosa de la teoría de sistemas y un esfuerzo por darle a la sociología una nueva base para la descripción de lo que la propia sociología se ha adjudicado como objeto de estudio, el orden social”. De acuerdo a este autor, podemos reconocer en Luhmann la pretensión de reconstituir la teoría de sistemas como un aparato conceptual capaz de generar descripciones lo suficientemente complejas como para aspirar a absorber la complejidad de la sociedad moderna. Ahora bien, esta reconstrucción teórica se encuentra subordinada a su verdadero y legítimo objetivo: brindar a la sociología un nuevo instrumental de observación con un grado mayor de complejidad y abstracción que le permita redefinir su objeto de estudio.

Para Niklas Luhmann, el abordaje investigativo de la sociedad se encuentra rodeado de numerosas dificultades -entre ellas, la carencia absoluta de referencias objetivas sobre éste término- las cuales han impedido a la sociología moderna alcanzar una determinación conceptual unívoca del mencionado objeto de estudio. Como consecuencia, desde hace casi un siglo se sigue recurriendo a los autores clásicos, a pesar de que éstos no dan cuenta de la complejidad del mundo contemporáneo. De ahí la imperiosa necesidad luhmanniana de confeccionar una nueva forma de hacer sociología, una forma totalmente alejada del discurso sociológico tradicional, de las numerosas limitaciones teóricas, conceptuales y metodológicas del pasado.

Según dijera Gastón Bachelard, “frente a lo real, lo que cree saberse claramente ofusca lo que debiera saberse. Cuando se presenta ante la cultura científica, el espíritu jamás es joven. Hasta es muy viejo, pues tiene la edad de sus prejuicios. Tener acceso a la ciencia es rejuvenecer espiritualmente, es aceptar una mutación brusca que ha de contradecir a un pasado”. Con estas palabras el famoso epistemólogo francés introdujo su concepto de obstacles epistémologiques, con el cual significó que los conocimientos derivados de la tradición científica impiden un análisis científico adecuado provocando expectativas que en el mayor de los casos no pueden ser satisfechas. En un todo de acuerdo con estas proposiciones, Luhmann considera sumamente improbable que alguna persona o disciplina pueda estudiar científicamente a la sociedad del presente partiendo de una serie de bloqueos cognitivos inconscientes propios de la antigua sociología. “Estos obstáculos que bloquean el conocimiento –sostiene- están presentes en la idea de la sociedad que hoy prevalece y se manifiestan en la forma de tres hipótesis que se relacionan y se sostienen recíprocamente:

- Que una sociedad está constituida por hombres concretos y por relaciones entre los hombres.
- Que las sociedades son unidades regionales, territorialmente delimitadas, por lo cual Brasil es una sociedad distinta de Tailandia, los Estados Unidos son una sociedad distinta de lo que hasta ahora se ha llamado Unión Soviética, y también Uruguay es una sociedad distinta de Paraguay.
- Y que las sociedades, por tanto, pueden ser observadas desde el exterior como grupos de hombres o como territorios”.

Para el caso específico del sistema político de la sociedad, el bloqueo cognitivo más importante que opera en el presente puede resumirse en la siguiente sentencia por todos conocida: sociedad y política son dos objetos distintos e incluso antagónicos. De acuerdo a este razonamiento, quienes ejercen funciones en el ámbito de las organizaciones formales de la esfera política (entiéndase, en municipios, legislaturas, ministerios, secretarías, gobernaciones, etc.) se encuentran totalmente alejados –y hasta contrapuestos- del conjunto de individuos que conforman la sociedad.

La aceptación generalizada de este tipo de argumentaciones -para Jorge Galindo- ha permitido que la sociología, alejándose de todo afán de cientificidad, tome partido por la sociedad en lo que se observa como una confrontación. A su entender, “la sociología, contagiada de periodismo y moral, apuesta por los atributos normativos de la sociedad a la cual conceptúa como opuesta a una política caracterizada por su corruptibilidad”. Teniendo en cuenta esta arista propia del discurso tradicional de la sociología política, no resulta extraño que los partidos políticos contemporáneos se dediquen a ganar adeptos o elecciones por medio de discursos electorales políticamente correctos, esto es, desprovistos de una ideología aparente. El regreso de la sociedad a la política, en este sentido, se muestra como una condición necesaria para fortalecer a la democracia y, en definitiva, para sacar a aquellos individuos que se han enriquecido en la función pública.

La obra de Luhmann busca romper esta línea argumental. Su objetivo consiste en construir un concepto de sociedad totalmente desligado de las anteriores limitaciones discursivas. La sociedad, sostiene nuestro autor, es mucho más que un sistema compuesto por las acciones recíprocas de los individuos. Ella no vive. Tampoco se organiza de un modo humano, en base a fronteras y líneas divisorias. No pesa lo mismo que el total de los hombres y no cambia de peso por cada uno que nazca o que muera. Resulta inútil, por tanto, el aferrarse a conceptos humanísticos o territoriales de la sociedad. Hoy más que nunca, la globalización de la economía, de la política y la cultura hacen que cada evento que acontezca en el mundo incida en la totalidad del acontecer social.

Naturalmente, Luhmann no niega la existencia del hombre ni ignora la relevancia de las diferencias geográficas, climáticas, lingüísticas o culturales que inciden en la vida de las personas que habitan este planeta y los hacen comportarse de manera heterogénea. Su teoría, simplemente, renuncia a deducir de estos hechos un criterio para la definición de un concepto tan complejo y dinámico como el de sociedad. A su sensato entender, la sociología obtendrá los instrumentos conceptuales necesarios para aprehender a la sociedad tan sólo si aprende a observar a su objeto de estudio como una distinción operativa entre sistema y entorno. He ahí la transformación más profunda de su teoría: ya no se habla de objetos sino únicamente de distinciones.

De la distinción primigenia al sistema político:

La distinción sistema-entorno constituye el punto de partida de la teoría de sistemas luhmanniana. Según ella, “un sistema no puede darse independientemente de su entorno, en cuanto que se constituye precisamente al trazar, mediante sus operaciones, un límite que lo distingue de lo que como ambiente, no le pertenece”. Ahora bien, trazar un límite no significa aislar al sistema sino, solamente, diferenciarlo de lo que le es ajeno.

Todo lo que se encuentre fuera de un sistema, nos dice Luhmann, pertenece invariablemente a su entorno. Dentro de este entorno, por su parte, existen otros sistemas para los cuales el primero es visto como entorno. Que es sistema y que es entorno, de esta forma, se encuentra directamente relacionado con la perspectiva de la observación.

Respecto del sistema sociedad, la distinción se realiza gracias a la comunicación. Es ésta la que hace, diferencia y modifica a la sociedad (y por extensión a todos los sistemas) y no los individuos, sus roles o relaciones, que para Luhmann se ubican dentro del entorno de los sistemas sociales. Naturalmente, los hombres participan en todos los sistemas parciales funcionalmente diferenciados que existen en la sociedad pero no forman parte de ninguno de ellos por definición. Los sistemas, afirma Luhmann, sólo se encargan de reproducir al propio sistema y no a las personas. Volviendo a los sistemas sociales, es la comunicación la que posibilita que los mismos realicen sus operaciones, esto es, que cada sistema estructuralmente determinado pueda cambiar sus propias estructuras.

A diferencia de los autores clásicos de la teoría evolutiva -que en el caso de los organismos vivos atribuyen la evolución a cambios exógenos provenientes del medio ambiente- Luhmann afirma que los sistemas “pueden ser irritados por el ruido del entorno, pero no pueden constreñirse a la adaptación por el entorno. En sentido estricto, por el contrario, todo sistema ya está adaptado al propio entorno”. La evolución, de esta manera, se origina en las propias operaciones del sistema.

Al entender de Luhmann, durante el transcurso de los siglos la evolución produjo en el interior de la sociedad un proceso de diferenciación funcional que dio origen a una multiplicidad de sistemas parciales entre los cuales se encuentra el sistema político. El binomio sociedad y política, en este sentido, no debería ser pensado en términos amigo-enemigo sino únicamente desde una perspectiva genitiva, en donde la sociedad es la progenitora y el sistema político uno de sus muchos descendientes.

Y si decimos, junto a Niklas Luhmann, que el sistema político es un sistema parcial de una sociedad diferenciada por funciones, debemos aclarar cual es la función específica de este nuevo sistema. Para el prestigioso sociólogo alemán no caben dudas, la función social de un sistema político es la toma de decisiones colectivas de carácter vinculante, la cual sólo puede perpetrarse mediante la centralización de la capacidad de ejercer violencia física sobre los subordinados, es decir, por medio de la concentración del poder en manos de un Leviatán.

No constituye el objeto de este ensayo analizar las ideas de poder que tienen las principales corrientes ideológicas de esta época, entre ellas el liberalismo, el marxismo, la democracia social y los distintos tipos de totalitarismos. Tampoco teorizar sobre las características del poder surgido por la fuerza, la herencia o por el sufragio. Simplemente vamos a destacar que en la teoría sistémica de la política de Niklas Luhmann el poder es visto como un medio de comunicación simbólicamente generalizado que hace probable la obediencia de órdenes. Por supuesto, como bien aclaran Corsi, Espósito y Baraldi en su Glosario, “esto no significa que todas las comunicaciones políticas sean uso o amenaza de uso de poder (no lo son, por ejemplo, los debates parlamentarios, las discusiones entre los partidos políticos, etc), sino que un sistema político se forma, diferencia y alcanza autonomía sólo a partir de la identificabilidad de un poder capaz de motivar a aceptar decisiones vinculantes”.

A quien le toca ejercer el poder de manera legítima y a quien no depende –al menos en los sistemas democráticos- del resultado de las elecciones electorales. Son ellas las que determinan la conformación del gobierno y, por ende, las que permiten la supervivencia y autoreproducción del sistema político por medio de la posibilidad periódica de sustituir a los gobernantes. Al decir de Jorge Galindo, “las elecciones cumplen así con la función de confrontar a la política con un futuro que resulta para ella desconocido... El cambio entre gobierno y oposición se decide en las elecciones, las cuales no pueden ser políticamente controladas. El hecho de que en las democracias modernas el voto sea libre y secreto evita que el partido gobernante controle las elecciones. Este procedimiento genera una especie de corto circuito autogenerado en la política, por medio del cual se asegura la posibilidad de la alternancia”.

Como consecuencia de esta situación de frecuente alternancia política, el código básico del sistema político ha quedado conformado desde un principio de la siguiente manera: superior (aquel que detenta cargos estatales y que tiene poder por haber ganado las elecciones) e inferior (quien no tiene poder y se encuentra alejado de los cargos, por lo cual sólo puede proyectar decisiones colectivas de carácter no vinculante). La llegada de la modernidad, por un lado, y el advenimiento del liberalismo político durante el siglo XVIII y XIX, por el otro, hicieron que este código evolucionara hasta alcanzar un alto grado de sofisticación política bajo la forma de gobierno-oposición.

Actualmente, la continuidad histórica de dicho código resulta prioritaria para el sostenimiento de la democracia representativa. Su sola presencia garantiza la existencia de libertades políticas y de participación ciudadana. Si faltara uno de los términos que integran el binomio –supongamos la oposición- estaríamos en presencia de un Estado dictatorial que impediría la alternancia gubernativa y se perpetuaría en el poder. Por el contrario, si el término suprimido fuera el gobierno, la anarquía ganaría las calles, la oposición desaparecería por no tener razón de ser y el sistema político dejaría de diferenciarse. Sea como fuere, en ambos casos el sistema político estaría condenado a muerte.


Modo de operar del sistema político:

Como se dijo anteriormente, la comunicación posibilita que los sistemas sociales realicen sus operaciones. Dichos sistemas, sin embargo, no operan de forma arbitraria o descontrolada sino que funcionan de una manera operacionalmente cerrada, esto es, sin comunicación con su entorno en el plano de sus operaciones propias. Esta particularidad congénita de los sistemas (que los hace operar únicamente dentro de sus propios límites) fue bautizada por Luhmann con el nombre de clausura operacional.

De acuerdo a esta tesis, la estructura de un sistema puede construirse y transformarse únicamente mediante las operaciones de este mismo sistema. Un ejemplo muy ilustrativo de este procedimiento auto-organizativo de los sistemas es el lenguaje, el cual sólo puede transformarse mediante comunicaciones y no inmediatamente a partir de fenómenos climáticos, geológicos o sobrenaturales. Ahora bien, sobre la base de estas consideraciones cabría preguntarse cómo configura el sistema de la política sus relaciones con el entorno, puesto que no puede mantener ningún tipo de contacto con el mismo. A los efectos de dar respuesta a este interrogante, deben introducirse los conceptos de autopoiesis y acoplamiento estructural.

El primero de estos conceptos fue elaborado en la década del setenta por el biólogo chileno Humberto Maturana quien lo creó para designar a una forma específica de organizarse que tienen los organismos vivos. Según Maturana, éstos organismos se caracterizan por la capacidad de producir y reproducir por sí mismos los elementos que los constituyen, definiendo de esta forma su propia unidad. Cada organismo vivo, en este sentido, vive y se reproduce gracias a un retículo de operaciones intrínsecas y no gracias a una acción proveniente de su exterior.

La teoría sociológica de Niklas Luhmann, claro está, tomó este concepto y lo trasladó desde el plano de los sistemas vivos al de los sistemas sociales. Al entender del profesor alemán, puede individualizarse un sistema autopoiético en todos los casos en los que se pueda individualizar a un modo específico de operación. Respecto de los sistemas sociales, sus operaciones se encuentran compuestas por comunicaciones, las cuales se producen solamente en el interior de los límites de estos sistemas con prescindencia de sus entornos. Dichos sistemas sociales son, pues, autoreferenciales, permaneciendo cerrados a flujos externos de comunicación no necesaria, improductiva o destructiva.

Ahora bien, nótese que para Luhmann los sistemas no son completamente autosuficientes. En un sentido estricto, “todos los sistemas necesitan muchos presupuestos factuales en su entorno que no pueden producirse ni garantizarse por ellos mismos”. La reproducción de la comunicación, por ejemplo, presupone un montón de condiciones que normalmente se dan por supuestas, entre ellas, un ambiente físico apto, sistemas psíquicos que puedan participar de la comunicación, etc. Esta limitación de los sistemas fue notada por Luhmann quien acuñó el concepto de acoplamiento estructural para denotar a la relación existente entre un sistema determinado y los presupuestos del entorno que deben presentarse para que pueda producirse la autopoiesis.

El origen específico de tales presupuestos del entorno se considera indistinto. Los mismos pueden provenir, incluso, de otros sistemas con los cuales el primero se encuentre relacionado. El sistema de la política, por ejemplo, se halla estrechamente acoplado al sistema del derecho. Dicho acoplamiento se hace posible gracias a la regulación establecida por la Constitución Nacional, la cual funciona como un nexo entre ambos sistemas que posibilita su entendimiento y reproducción. El profesor Rudolf Stichweh explica este punto con una precisión sorprendente: “La Constitución, por una parte, ata el sistema político al derecho, con la consecuencia de que el comportamiento contrario al derecho conduce al fracaso político. Por otra parte, la Constitución permite que el sistema político –mediante la promulgación de leyes- inunde con novedades al sistema del derecho...”.

Como puede apreciarse a través de estos breves comentarios, el concepto de acoplamiento estructural se encuentra íntimamente ligado al concepto de autopoiesis. Aunque diferentes, ambos se posibilitan mutuamente en el sentido de que ningún sistema puede operar de manera autopoiéticamente clausurada si no se encuentra estructuralmente acoplado a su entorno.

Estado y sistema político:

Actualmente se reconoce a Niklas Luhmann como el autor de la última gran teoría sociológica de carácter omnicomprensivo de la sociedad. Según este académico heredero de la teoría sistémica de Talcott Parsons, la sociedad debe ser pensada como un gran sistema social que ordena todas las comunicaciones posibles entre los hombres sobre la base de una diferenciación funcional u operacional de los sistemas.

Para Luhmann todas las funciones de los sistemas son igualmente importantes y necesarias para la sociedad. Lejos de sucumbir ante el peso de los prejuicios provenientes de la tradición sociológica, sostiene que la sociedad moderna se organiza de manera acéntrica, sobre la base de una multiplicidad de sistemas autónomos ubicados en un mismo nivel jerárquico y sin un órgano central encargado de conducirla. Todo intento de centrar a una sociedad funcionalmente diferenciada sobre un determinado sistema parcial, asevera, no hará más que encaminarla hacia su destrucción.

Esta polémica tesis coloca al sistema político en una posición secundaria, esto es, relegado del clásico rol de centro o núcleo social que alguna vez le otorgaran los sociólogos ilustrados del S. XVIII (para quienes el sistema político se erigía como instancia general de coordinación social). Nótese aquí que Luhmann hace referencia al sistema político en general y no al Estado en particular, el cual visto como un sistema de decisiones organizadas, diferenciado al interior del sistema político.

Conviene detenernos un momento en este punto a los efectos de dilucidar el papel específico que le asigna Niklas Luhmann al Estado dentro del sistema político. El mismo, en este sentido, es definido como una organización delimitada a través de confines territoriales que facilita la función del sistema político, es decir, la toma de decisiones colectivas de carácter vinculante. Dentro de un Estado territorial particular coexisten diversos sistemas organizados según un esquema de centro y periferia. El centro está compuesto por el Estado, único foco de orientación de la totalidad de las organizaciones políticas que integran la periferia, entre ellas, los partidos políticos y las organizaciones no gubernamentales.

La función asignada al Estado, como se dijo, es la de ayudar al sistema político en la consecución de su fin. Para ello requiere invariablemente de poder, el cual se diferencia y se fija a través de un código que distingue entre superiores e inferiores. Desde la desaparición del sistema feudal en la Edad Moderna esto ha sido así, el Estado ha utilizado su enorme poder para compeler a su subordinados a aceptar decisiones políticas de carácter vinculante. Actualmente, en cambio, desde amplios sectores políticos y académicos se sostiene que el Estado-nación ha entrado en crisis. Para muchos, la globalización lo ha superado. En este sentido, se lo ve incapaz de afrontar los poderosos embates provenientes de tres frentes simultáneos: desde los organismos internacionales de carácter supranacional (como la Unión Económica Europea, el MERCOSUR, el ALCA, o el NAFTA), desde los influyentes centros multinacionales de poder económico (como Wall Street o la Bolsa de Tokio) y desde los miles de gobiernos locales del mundo que claman por alcanzar su autonomía política, institucional, administrativa y económica-financiera.

Sobre la base de lo anterior, la teoría sistémica de la política de Luhmann claramente aporta un nuevo clavo al féretro del Estado-nación toda vez que apuntala su desplazamiento de la función reguladora de la sociedad asignándole un mismo nivel de importancia en relación al resto de las organizaciones políticas de la periferia. Mas que el prestigioso sociólogo alemán sustente esta tesis en sus escritos no constituye una verdadera innovación teórica dentro de las ciencias sociales. Como se dejó entrever con anterioridad, muchos analistas políticos de la actualidad le han asignado un rol residual al Estado-nación dentro del acontecer social (aunque, por cierto, desde diferentes enfoques teóricos). El verdadero y más polémico aporte de Luhmann al respecto reside en haber trascendido la crítica al Estado-nación englobando al sistema político en su conjunto dentro de los sistemas autónomos ubicados en un mismo nivel jerárquico dentro de la sociedad.

Aunque a algunos pueda parecernos discutible, la rigurosa teoría de Luhmann llega a la conclusión de que el sistema político no resulta más importante para la sociedad moderna que el sistema del arte, de la ciencia o de la religión. Lejos de haber un centro rector de la vida social, los sistemas se acoplan estructuralmente diferenciándose de manera funcional por medio de sus operaciones. Toda una ruptura con los supuestos sociológicos de Marx, Weber y Durkheim, ciertamente.


Bibliografía:


- BACHELARD, Gastón. La formación del espíritu científico. Editorial Siglo XXI. México. 1979.

- BERTHIER, Antonio. La sociología de la complejidad de Niklas Luhmann. Conferencia dictada en la Universidad Autónoma Metropolitana – Azcapotzalco. México. 13 de Noviembre de 2001. Disponible en: www.conocimientoysociedad.com

- CORSI, Giancarlo; ESPÓSITO, Elena y BARALDI, Claudio. Glosario sobre la teoría social de Niklas Luhmann. Universidad Iberoamericana, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) y Editorial Anthropos. México. 1996.

- GALINDO, Jorge. La política como sistema. Reflexiones en torno a la sociología política de Niklas Luhmann.

- LUHMANN, Niklas. Teoría de la Sociedad. Triana Editores en coedición con la Universidad Iberoamericana. Segunda Edición. México. Septiembre de 1998.

- PINTOS, Juan Luis. Política y complejidad en la teoría sistémica de Niklas Luhmann: la libertad como selección. Universidad de Santiago de Compostela. Braga. Marzo de 1998. Disponible en: www.usc.es

- STICHWEH, Rudolf. Teoría de sistemas versus teoría de la acción. La comunicación como opción teórica. Disponible en: www.metapolitica.com.mx

"REPERCUSIONES DE LA DICTADURA DE AUGUSTO PINOCHET (1973-1989) EN LA PROVINCIA DE MENDOZA (República Argentina)"

Por el Lic. Enzo Ricardo Completa.






SI DESEA CITAR EL PRESENTE ARTICULO POR FAVOR UTILICE EL SIGUIENTE FORMATO:
“Repercusiones de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1989) en la provincia de Mendoza (República Argentina)”. Abstract y ponencia en el CD del “IX Seminario argentino-chileno y III Seminario Cono Sur de Estudios Sociales, Humanidades y Relaciones Internacionales”, organizado por el Centro de Estudios Trasandinos y
Latinoamericanos. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Nacional de Cuyo, 15, 16 y 17 de Octubre de 2008. ISBN 978 -987 – 9441 – 32 – 9 (2008).

El proceso de militarización sudamericano

El 11 de septiembre de 1973 la Marina, el Cuerpo de Carabineros, la Aviación y el Ejército de Chile se levantaron en armas poniendo fin a la breve experiencia socialista de Salvador Allende y su Unión Popular. Las primeras declaraciones oficiales de la Junta Militar dejaban entrever que el gobierno que comenzaba tendría un carácter circunstancial, hasta tanto se restaurara “la chilenidad, la justicia y la institucionalidad quebrantada” por la amenaza marxista. Unas semanas más tarde, sin embargo, el discurso castrense viró hacia fórmulas cada vez más extremas y atemporales. En este sentido, lejos ya de querer restaurar el sistema democrático tradicional, la Junta Militar comenzó a considerar a la democracia como “la causa misma de la crisis”. (Gazmuri, 2006).
Como consecuencia de este notable cambio discursivo, numerosas instituciones vinculadas al funcionamiento del sistema democrático chileno fueron disueltas, entre ellas: el Congreso Nacional, los poderes comunales, el Tribunal Constitucional y los partidos políticos. La prestigiosa novelista Isabel Allende, hija de Tomás Allende, diplomático y primo hermano del ex presidente chileno, apunta en una de sus novelas que “...en nombre de la eficiencia económica los generales frigorizaron la historia, combatieron la democracia como una ideología foránea y la reemplazaron por una doctrina de ley y orden...”. (Allende, 1995: 215)
Genaro Arraigada, al respecto, presume que la retórica inicial, de restauración de la institucionalidad quebrantada, quedó sepultada bajo la enormidad de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante septiembre y octubre de 1973. (Arriagada, 1998: 40). En este sentido, según los datos aportados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), durante los primeros meses de la dictadura fueron torturadas más de cuarenta mil personas. Un año más tarde, con la creación de la Dirección de Inteligencia Nacional -una suerte de policía secreta organizada con el fin de detener y eliminar, tanto en Chile como en el extranjero, a las escasas fuerzas paramilitares de la oposición- la violación a los derechos humanos se vería perfeccionada y sistematizada.
Ahora bien, a pesar de la presencia de ciertos caracteres propios del régimen autoritario y personalista del General Augusto Pinochet Ugarte, la represión militar sufrida en Chile no constituyó un acontecimiento inédito dentro del escenario político sudamericano. Muy por el contrario, el “Pronunciamiento Militar” que derrocó a Salvador Allende llegó para sumarse a una larga lista de golpes de Estado, al parecer encadenados, que había comenzado en Paraguay (1954-1989), pasando por Ecuador (1961-1979), Brasil (1964-1985), Argentina (1966-1973 y 1976-1983), Perú (1968-1980), Bolivia (1971-1978 y 1980-1982) y Uruguay (1973-1985)
Durante este prolongado lapso de tiempo, solamente Venezuela y Colombia permanecieron dentro del sistema democrático en Sudamérica, lo cual no implica que sus gobiernos se hayan mantenido ajenos al uso de mecanismos represivos durante sus gestiones. Eran los tiempos de la Doctrina de la Seguridad Nacional, un cuerpo de ideas auspiciado por el gobierno de los Estados Unidos con el fin de impedir la propagación del marxismo soviético en el continente. Esta doctrina, que había sido inculcada a oficiales del ejército de casi todos los países latinoamericanos en la base norteamericana de Panamá, así como también en dependencias de la National War College (EEUU), supo calar hondo en las mentalidades castrenses de la región, induciéndolas a combatir a un “enemigo interno y subversivo” que se había engendrado en Cuba tras el derrocamiento del General Batista.
La República Argentina, entretanto, se encontraba en un período de plena efervescencia política. Tras un prolongado exilio, Juan Domingo Perón había regresado a su patria imponiéndose con el 62% de los votos en las elecciones del 23 de septiembre de 1973, apenas un par de semanas después del suicidio del presidente Allende y del comienzo del golpe militar en Chile. Dieciocho años antes, la autodenominada “Revolución Libertadora” lo había derrocado, obligándolo a exiliarse en distintos países de Latinoamérica y España. El prolongado ostracismo de Perón, sin lugar a dudas, marcó la política del gobierno justicialista para con los exiliados de la dictadura pinochetista, a los cuales se dio amparo y refugio mediante una serie de disposiciones legales que regularizaron su estadía.
Ahora bien, a mediados del año 1974 las condiciones de exilio de los inmigrantes chilenos se endurecieron de manera directamente proporcional al ascenso político del “Brujo” López Rega y de su brazo armado antimarxista, la Triple A. El fallecimiento del General Perón no hizo más que empeorar la situación de los mismos en la medida en que potenció la circulación de rumores golpistas ahora en contra de su esposa, María Estela Martínez, quien hasta entonces se había desempeñado como vicepresidenta. Finalmente, el quiebre democrático llegó la madrugada del 24 de marzo de 1976, cuando el helicóptero que trasladaba a Isabelita desde la Casa Rosada hacia la residencia de Olivos sufrió un súbito “desperfecto mecánico” que obligó al piloto a dirigirse hacia una zona militar ubicada en Aeroparque. Unas horas más tarde, la otrora presidenta de los argentinos era llevada hacia los lagos del sur, lejos para siempre de la escena política nacional. Se iniciaba, así, el infame “Proceso de Reorganización Nacional”, el cual se encargaría de deportar y/o asesinar a la enorme cantidad de chilenos que a duras penas habían alcanzado a llegar a la Argentina.

Mendoza: Un destino conocido para los chilenos

Separados por más de 5.000 Km de cumbres cordilleranas, los destinos políticos de Argentina y Chile han permanecido ligados a lo largo de la historia. Expediciones militares, migraciones y exilios, en este sentido, han sido moneda corriente desde la época del Virreinato del Río de la Plata. La provincia de Mendoza, ubicada a escasos 380 Km de Santiago de Chile, ha ocupado un lugar privilegiado en la ocurrencia de estos procesos migratorios, básicamente, “como escenario de rearticulación de los sectores contestatarios en pugna con la oficialidad”. (Paredes, 2003: 133)
Así, cuando en el año 1814 los realistas derrotaron a los patriotas chilenos, más de 2.500 exiliados llegaron a Mendoza. Un siglo y medio más tarde, con el arribo de la Unión Popular al poder (1970-1973), ciertos grupos conservadores decidieron radicarse en la provincia con el fin de confabular en contra de la administración de Salvador Allende. Así lo demuestra Gastón Bustelo quien, en una notable tarea de investigación periodística, describe parte de los sucesos que involucraron al Frente Nacionalista Patria y Libertad (FNPL) con determinados sectores conservadores de la provincia, por ese entonces gobernada por Francisco Gabrielli (Partido Demócrata) en su carácter de Interventor designado por el General Lanusse.
Luego del quiebre del sistema democrático en Chile, la corriente migratoria invirtió rápidamente su sentido ideológico adquiriendo características masivas. Así, de los 13.800 chilenos “registrados” que entraron a Mendoza durante el período 1971-1973, se pasó a un total de 103.700 tan sólo durante el transcurso del año 1974 y de los primeros dos meses de 1975. Y decimos registrados, con comillas, porque esta ampliamente documentado que una gran cantidad de trasandinos ingresó a la provincia cruzando a pié la Cordillera de Los Andes por las inmediaciones de los pasos Pehuenche, Las Loicas y El Yeso, comúnmente utilizados por arrieros de la región para transportar a su ganado durante los meses de verano. Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), un total de 6.899 chilenos alcanzaron la categoría de refugiados políticos de la dictadura. El resto de los exiliados siguieron su camino hacia otras provincias o bien hacia el exterior, utilizando a Mendoza como ciudad de paso por considerarla poco segura para su permanencia definitiva.
Respecto de los chilenos que se afincaron permanentemente en la provincia, en su mayoría se abocaron a la conformación de organizaciones político-sociales orientadas a mejorar la calidad de vida de los recién llegados, o bien, a incidir en el escenario político de su patria natal. El primer tipo de organizaciones, según Alejandro Paredes, estuvo compuesto por argentinos sensibles a las carencias de los inmigrantes chilenos (como el Comité Ecuménico de Acción Social), por organizaciones internacionales dedicadas a la problemática de los inmigrantes y los refugiados políticos (ACNUR y el Consejo Mundial de Iglesias), y por chilenos residentes en Cuyo (Uniones vecinales y Centros Culturales). Las segundas, en cambio, incorporaban aportes de una amplia variedad de instituciones y partidos políticos de Chile que trabajaron en Mendoza con el apoyo de agrupaciones locales (Movimiento Izquierdista Revolucionario: MIR), o bien, eran grupos que nacieron en Argentina o en Europa impulsadas principalmente por exiliados chilenos. Aquí encontramos a la Comisión Provincial de Solidaridad con el Pueblo Chileno: COMACHI; al Chile Democrático; al Instituto por el Nuevo Chile (INC) y a eventos especiales como las ESIN (Escuelas Internacionales de Verano) VI y VII, y el Recital de Amnesty Internacional. (Paredes, 2003: 137-138)
Entre toda esta multiplicidad de instituciones, partidos políticos y organismos nacionales e internacionales que intentaron socorrer a la tumultuosa marea de exiliados políticos que arribaba desde Chile, merece destacarse el accionar solidario del Comité Ecuménico de Acción Social, creado el 20 de mayo de 1974 con el fin de asistir a los mismos en materia de radicación, otorgamiento de visas, trabajo, protección, asistencia médica, psicológica y social.
Para cumplir con estas funciones, el CEAS debió recurrir a la conformación de un equipo interdisciplinario de profesionales y pastores los cuales, a su vez, contaron con la ayuda y asesoramiento de una multiplicidad de organizaciones procedentes de Argentina, Chile y el mundo, entre ellas, Cruz Roja Argentina, Comisión Católica de Migraciones de la Conferencia Episcopal Argentina, Cáritas Argentina, Acción Popular Ecuménica (APE.), Iglesia Evangélica del Río de la Plata (IERP), Iglesia Evangélica Metodista Argentina (IEMA), Arzobispado de Mendoza, Ejército de Salvación, Comité para la Paz de Chile, Comisión Argentina para los Refugiados (CAREF), Asociación de Protección al Refugiado, Equipo Pastoral de Migración de Neuquén y, fundamentalmente, del Consejo Mundial de Iglesias (CMI) y de la Representación Regional para América Latina del ACNUR, el cual garantizó el amparo, asistencia y refugio de los exiliados con recursos provenientes de Naciones Unidas.
Juana Juri, una joven abogada mendocina que por aquel entonces estaba haciendo sus primeras armas en derecho, fue la persona elegida por el ACNUR para desempeñarse como Asesora Legal del CEAS., cargo en el que permaneció por un período de dieciocho años. Su función principal, entre tantas que desempeñó, consistía en evaluar, para cada caso en particular y de acuerdo a normas y convenios internacionalmente aceptados, si los exiliados chilenos eran pasibles de ser considerados refugiados políticos en Argentina. En caso de obtener este status, se le otorgaba una Ayuda de Emergencia (dinero, alimentos, alojamiento, etc.) o bien una visa que le permitiera salir rápidamente de país.
El resto de los recién llegados, por su parte, era acogido en las oficinas del CEAS de acuerdo al principio de protección integral del exiliado. Se trataba –en definitiva- de ofrecer un sendero digno, útil y positivo, para que el doloroso lapso del exilio fuera fructífero y superador. Entendida así la protección integral era algo más que la simple posibilidad de permanecer legalmente en el país receptor y sobrepasaba los límites de los programas ofrecidos por ACNUR y otros organismos internacionales. El desafío se refería al rescate de una existencia digna, íntegra u fructífera de militantes políticos y sociales, en una difícil encrucijada provocada por un enemigo poderoso y cruel. (CEAS, 2001: 27)
Durante el período 1973-1975, recuerda Juana Juri con satisfacción, “se abrieron en Mendoza un total de catorce hoteles, además de varios talleres de carpintería, mecánica y laborterapia”. Todas estas acciones, demás está decirlo, fueron realizadas en un contexto de mucha tensión y peligro. En este sentido, el equipo del CEAS recibió amenazas de muerte en reiteradas oportunidades, situación que se vio coronada por el estallido de una potente bomba en la Sede del Comité el día 6 de septiembre de 1975.

Situación de los refugiados en Mendoza durante el período 1976-1983

El CEAS pudo funcionar con cierta libertad hasta el mes de marzo de 1976, momento en que comenzó la más terrible de las dictaduras argentinas. A partir de entonces, su accionar se vio entorpecido por las directivas de un gobierno que había adherido (junto a sus pares de Brasil, Bolivia, Chile, Uruguay y Paraguay) a la Operación Cóndor, un sistema represivo ideado con el fin de detener, interrogar y asesinar a los militantes políticos de la izquierda latinoamericana, en cualquier lugar del mundo en donde se encontraran, mediante la acción conjunta y coordinada de los distintos servicios de inteligencia de la región. El Decreto No 1.483/76 y su posterior ampliación mediante el Decreto No 1.966/77, en este sentido, definieron la política a seguir para con los refugiados, a los cuales se catalogó de “ilegales”. Luego de esto comenzarían los allanamientos en hoteles, parroquias y casas privadas, la detención de sospechosos en la vía pública y la repatriación clandestina de un sinfín de chilenos residentes en Mendoza.
Rolando Concatti, ex sacerdote del movimiento tercermundista y miembro fundador de la Fundación Ecuménica de Cuyo y del CEAS, afirma que, paralelo a la instauración de la dictadura en Argentina, comenzó a menguar el dinero que llegaba puntualmente desde el ACNUR con el fin de brindar protección y hospedaje a los refugiados políticos chilenos, lo cual repercutió directamente en el funcionamiento de los programas asistenciales del CEAS. “Esto fue así –sostiene Concatti- porque para la ONU la situación de los argentinos bajo la dictadura de Videla era mucho más apremiante que la de los propios refugiados trasandinos”.
Esta política institucional de corte y/o disminución de la ayuda de emergencia por parte del ACNUR, obligó a los refugiados que no estaban en situación de vulnerabilidad a asumir las responsabilidades de su propio abastecimiento e integración a un medio local que se les presentaba extraño y hostil. Como consecuencia, la mayoría de los exiliados cayó en una situación de desprotección y precariedad que derivó en la aparición de un fenómeno no deseado para el CEAS, el de la dependencia de los refugiados hacia la institución.
Todos estos factores, sumados a la agudización del conflicto limítrofe entre Argentina y Chile en el año 1978 y a la posterior postura pro-inglesa del régimen de Pinochet ante la Guerra de Malvinas, confluyeron en el tiempo generando un marcado sentimiento antichileno en Argentina que desalentó la llegada de contingentes chilenos a la provincia. Esta situación, sin embargo, se vio parcialmente revertida a partir del reavivamiento de las luchas antidictatoriales que derivaron en el fallido atentado en contra de la vida de Pinochet por parte del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, en septiembre de 1986. Este incidente, y fundamentalmente la escalada represiva que sobrevino después del mismo, generó una nueva oleada de exiliados en las dependencias del Comité Ecuménico. En este contexto, marcado por el lento retorno de la democracia en Argentina, el CEAS debió redefinir sus prácticas y objetivos a los efectos de evitar la reaparición de viejos problemas e inconvenientes tales como la escasez de recursos, el asistencialismo, la desidia de los exiliados y la total dependencia de los mismos al Comité.

El proceso de retorno a Chile.

Históricamente no ha existido en la Argentina una legislación específica que proteja a los refugiados políticos de manera integral y efectiva. En este sentido, si bien se había adherido a la Convención de Ginebra del año 1951 y a su posterior Protocolo de 1967, se lo hizo utilizando una reserva geográfica por la cual sólo se reconocía la calidad de refugiado político a aquellos peticionantes de origen europeo. Como consecuencia de esta cláusula, todos los exiliados provenientes de Oceanía, Asia, África o bien del resto de América eran considerados “refugiados de hecho” y no “de derecho”, debiendo ser protegidos por el ACNUR y sus instituciones asociadas (el CEAS, por ejemplo) y no por las autoridades gubernamentales.
Con la llegada de la democracia, en el año 1983, esta situación comenzó a cambiar radicalmente. Prueba de ello fue la rápida adhesión de Argentina a la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), el Decreto No 645/84 revocatorio de las facultades concedidas al Poder Ejecutivo Nacional en materia de expulsión de extranjeros, la sanción de la Ley Nacional No 23.160 que dejó sin efecto el injusto mecanismo de la reserva geográfica y el Decreto No 464/85 que ordenó la constitución de una Comisión de Elegibilidad para los Refugiados (CEPARE), compuesta por tres representantes del Ministerio del Interior, dos de la Cancillería Argentina y uno del ACNUR (con voz pero sin voto) Paralelo a la ocurrencia de estos procesos, el triunfo de la oposición al régimen de Pinochet, logrado en el plebiscito de 1988, creó en Chile una nueva situación, en la que creció la esperanza de que se produzca un proceso de apertura democrática, dentro de grandes dificultades y contradicciones. La concreción de las elecciones presidenciales en diciembre de 1989 y la entrega del gobierno a las autoridades electas por la voluntad popular, configuraron una nueva coyuntura que hizo vislumbrar la etapa final de la problemática del refugio chileno. (CEAS, 2001: 57)
En este marco cambiante, a todas luces favorable, el CEAS se propuso como objetivo contribuir desde el trabajo institucional al retorno planificado y responsable de refugiados chilenos a su país de origen, lo cual sucedió, fundamentalmente, entre los años 1988 y 1990. Luego de esto, el trabajo del CEAS se limitó a continuar la protección de las pocas familias que aún no decidían su retorno y a la asistencia y protección de un grupo de refugiados que debían permanecer en Mendoza porque tenían procesos pendientes en Chile ante tribunales militares, y debían esperar un mejoramiento de su situación procesal para poder regresar con un mínimo de seguridad. (CEAS, 2001: 59). Llegado el mes de diciembre de 1993, el ACNUR consideró cumplida la tarea del CEAS en Mendoza, determinando el cese en la financiación de los proyectos y programas que aún continuaban en vigencia. Inmediatamente después, el Comité se aprestaba a cerrar sus puertas de manera definitiva.

Consideraciones finales.

El arduo e intrincado proceso de transición entre dictaduras y democracias en Latinoamérica ha generado en el seno de sus sociedades una amplia gama de antagonismos sobre los cuales, todavía, no se ha podido avanzar de manera efectiva. Como consecuencia, a más de veinticinco años de haberse producido el último de los golpes de Estado en la región, se continúa debatiendo sobre el rol que tuvieron determinados sectores civiles, políticos y militares durante los procesos dictatoriales, optándose por el olvido, la justicia, el perdón, el repudio y la justificación de sus actos, delitos y omisiones.
Esta misma dualidad discursiva frente a los excesos cometidos por las dictaduras se hizo presente en ocasión de producirse la llegada de las primeras oleadas de exiliados políticos a la provincia de Mendoza y sus alrededores. En este sentido, promediando la década del setenta en Argentina, estuvieron quienes optaron por auxiliar y dar refugio a los recién llegados conformando instituciones solidarias que los acogieran, y quienes los ignoraron actuando como si nada malo estuviera aconteciendo en el país trasandino.
Todas estas cuestiones, anecdóticas para algunos, centrales para otros, aún hoy dividen las aguas de la opinión pública latinoamericana, generando posiciones con el tiempo cada vez más encontradas. La sociedad chilena post-Pinochet, en este orden de asuntos, se erige como una muestra acabada de este notable desdoblamiento discursivo. En efecto, no debe olvidarse que en ocasión del plebiscito del 5 de octubre de 1988 –efectuado quince años después del infame derrocamiento del presidente Salvador Allende por las Fuerzas Armadas- un 43,01% de la población chilena votó a favor de que el dictador continuara en el ejercicio del poder, porcentaje que salvo contadas excepciones se ha mantenido del lado de la derecha chilena hasta el presente. Por supuesto, el triunfo en las urnas de la Concertación por el No determinó la eventual extinción del régimen militar chileno, posibilitando el regreso de miles de exiliados políticos desde la República Argentina y el resto del mundo.
Este fenómeno, resueltamente poco estudiado si se tiene en cuenta la trascendental importancia que reviste en materia de integración binacional, debería ser repensado críticamente a los efectos de determinar las condiciones socio-históricas que lo hicieron posible. Hoy, a veinte años de haberse aliviado las tensiones fronterizas que casi llevan a la guerra a las repúblicas de Chile y Argentina, parece haberse encontrado el auge cooperativo que potencia sinergéticamente las capacidades y ventajas de ambas sociedades (Comisión Binacional Parlamentaria Chileno-Argentina, 1999: 5) Demás está decirlo, buena parte de este progreso en las relaciones entre ambas naciones se debe a los ingentes esfuerzos del CEAS por menguar las terribles repercusiones de la dictadura del General Augusto Pinochet Ugarte (1973-1989) en la provincia de Mendoza.



Bibliografía:

ALLENDE, Isabel (1995) Paula. Buenos Aires: Editorial Sudamericana / Plaza & Janés Editores S.A.
ARRIAGADA, Genaro (1998) Por la razón o la fuerza. Chile bajo Pinochet. Santiago de Chile: Editorial Sudamericana Chilena.
BUSTELO, Gastón (2001) Impacto de la dictadura pinochetista en Mendoza (1973-1988), en Revista de Estudios Trasandinos No 5. Santiago de Chile: co-edición UNCuyo, UNSJ, Universidad Nacional de Comahue, Universidad de Congreso, Convenio Andrés Bello.
COMITÉ ECUMÉNICO DE ACCIÓN SOCIAL (CEAS) (2001) Recepción y protección de refugiados chilenos. Una experiencia ecuménica en Mendoza. 1973-1992. Provincia de Mendoza (Argentina): Editorial Alfa Impresos.
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GAZMURI, Cristian. Una interpretación política de la experiencia autoritaria. (1973-1990). Publicaciones Electrónicas, Instituto de Historia, Pontificia Universidad Católica de Chile, s.f.. Disponible en www.hist.puc.cl (página visitada el día 25 de octubre de 2006)
HERAS de GUILLOT y GÁLVEZ (1978) Migración tradicional y migración en crisis. Una década de afluencias bolivianas y chilenas a Argentina y la región cuyana (1965-1975) Provincia de Mendoza (Argentina): PISPAL.
PAREDES, Alejandro (2003) Las prácticas políticas de los exiliados chilenos en Mendoza y su incidencia en Chile (1970-1989), en Revista Universum No 18. Chile: Universidad de Talca ediciones.

Entrevistas:

Concatti, Rolando. Miembro fundador del CEAS. Integrante del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo. Departamento de Luján de Cuyo. Provincia de Mendoza. Lunes 20 de febrero de 2006.
Juri, Juana. Asesora Legal del CEAS (1973-1993) Ciudad Capital. Provincia de Mendoza. Miércoles 01 de marzo de 2006.