"REPERCUSIONES DE LA DICTADURA DE AUGUSTO PINOCHET (1973-1989) EN LA PROVINCIA DE MENDOZA (República Argentina)"

Por el Lic. Enzo Ricardo Completa.






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“Repercusiones de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1989) en la provincia de Mendoza (República Argentina)”. Abstract y ponencia en el CD del “IX Seminario argentino-chileno y III Seminario Cono Sur de Estudios Sociales, Humanidades y Relaciones Internacionales”, organizado por el Centro de Estudios Trasandinos y
Latinoamericanos. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Nacional de Cuyo, 15, 16 y 17 de Octubre de 2008. ISBN 978 -987 – 9441 – 32 – 9 (2008).

El proceso de militarización sudamericano

El 11 de septiembre de 1973 la Marina, el Cuerpo de Carabineros, la Aviación y el Ejército de Chile se levantaron en armas poniendo fin a la breve experiencia socialista de Salvador Allende y su Unión Popular. Las primeras declaraciones oficiales de la Junta Militar dejaban entrever que el gobierno que comenzaba tendría un carácter circunstancial, hasta tanto se restaurara “la chilenidad, la justicia y la institucionalidad quebrantada” por la amenaza marxista. Unas semanas más tarde, sin embargo, el discurso castrense viró hacia fórmulas cada vez más extremas y atemporales. En este sentido, lejos ya de querer restaurar el sistema democrático tradicional, la Junta Militar comenzó a considerar a la democracia como “la causa misma de la crisis”. (Gazmuri, 2006).
Como consecuencia de este notable cambio discursivo, numerosas instituciones vinculadas al funcionamiento del sistema democrático chileno fueron disueltas, entre ellas: el Congreso Nacional, los poderes comunales, el Tribunal Constitucional y los partidos políticos. La prestigiosa novelista Isabel Allende, hija de Tomás Allende, diplomático y primo hermano del ex presidente chileno, apunta en una de sus novelas que “...en nombre de la eficiencia económica los generales frigorizaron la historia, combatieron la democracia como una ideología foránea y la reemplazaron por una doctrina de ley y orden...”. (Allende, 1995: 215)
Genaro Arraigada, al respecto, presume que la retórica inicial, de restauración de la institucionalidad quebrantada, quedó sepultada bajo la enormidad de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante septiembre y octubre de 1973. (Arriagada, 1998: 40). En este sentido, según los datos aportados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), durante los primeros meses de la dictadura fueron torturadas más de cuarenta mil personas. Un año más tarde, con la creación de la Dirección de Inteligencia Nacional -una suerte de policía secreta organizada con el fin de detener y eliminar, tanto en Chile como en el extranjero, a las escasas fuerzas paramilitares de la oposición- la violación a los derechos humanos se vería perfeccionada y sistematizada.
Ahora bien, a pesar de la presencia de ciertos caracteres propios del régimen autoritario y personalista del General Augusto Pinochet Ugarte, la represión militar sufrida en Chile no constituyó un acontecimiento inédito dentro del escenario político sudamericano. Muy por el contrario, el “Pronunciamiento Militar” que derrocó a Salvador Allende llegó para sumarse a una larga lista de golpes de Estado, al parecer encadenados, que había comenzado en Paraguay (1954-1989), pasando por Ecuador (1961-1979), Brasil (1964-1985), Argentina (1966-1973 y 1976-1983), Perú (1968-1980), Bolivia (1971-1978 y 1980-1982) y Uruguay (1973-1985)
Durante este prolongado lapso de tiempo, solamente Venezuela y Colombia permanecieron dentro del sistema democrático en Sudamérica, lo cual no implica que sus gobiernos se hayan mantenido ajenos al uso de mecanismos represivos durante sus gestiones. Eran los tiempos de la Doctrina de la Seguridad Nacional, un cuerpo de ideas auspiciado por el gobierno de los Estados Unidos con el fin de impedir la propagación del marxismo soviético en el continente. Esta doctrina, que había sido inculcada a oficiales del ejército de casi todos los países latinoamericanos en la base norteamericana de Panamá, así como también en dependencias de la National War College (EEUU), supo calar hondo en las mentalidades castrenses de la región, induciéndolas a combatir a un “enemigo interno y subversivo” que se había engendrado en Cuba tras el derrocamiento del General Batista.
La República Argentina, entretanto, se encontraba en un período de plena efervescencia política. Tras un prolongado exilio, Juan Domingo Perón había regresado a su patria imponiéndose con el 62% de los votos en las elecciones del 23 de septiembre de 1973, apenas un par de semanas después del suicidio del presidente Allende y del comienzo del golpe militar en Chile. Dieciocho años antes, la autodenominada “Revolución Libertadora” lo había derrocado, obligándolo a exiliarse en distintos países de Latinoamérica y España. El prolongado ostracismo de Perón, sin lugar a dudas, marcó la política del gobierno justicialista para con los exiliados de la dictadura pinochetista, a los cuales se dio amparo y refugio mediante una serie de disposiciones legales que regularizaron su estadía.
Ahora bien, a mediados del año 1974 las condiciones de exilio de los inmigrantes chilenos se endurecieron de manera directamente proporcional al ascenso político del “Brujo” López Rega y de su brazo armado antimarxista, la Triple A. El fallecimiento del General Perón no hizo más que empeorar la situación de los mismos en la medida en que potenció la circulación de rumores golpistas ahora en contra de su esposa, María Estela Martínez, quien hasta entonces se había desempeñado como vicepresidenta. Finalmente, el quiebre democrático llegó la madrugada del 24 de marzo de 1976, cuando el helicóptero que trasladaba a Isabelita desde la Casa Rosada hacia la residencia de Olivos sufrió un súbito “desperfecto mecánico” que obligó al piloto a dirigirse hacia una zona militar ubicada en Aeroparque. Unas horas más tarde, la otrora presidenta de los argentinos era llevada hacia los lagos del sur, lejos para siempre de la escena política nacional. Se iniciaba, así, el infame “Proceso de Reorganización Nacional”, el cual se encargaría de deportar y/o asesinar a la enorme cantidad de chilenos que a duras penas habían alcanzado a llegar a la Argentina.

Mendoza: Un destino conocido para los chilenos

Separados por más de 5.000 Km de cumbres cordilleranas, los destinos políticos de Argentina y Chile han permanecido ligados a lo largo de la historia. Expediciones militares, migraciones y exilios, en este sentido, han sido moneda corriente desde la época del Virreinato del Río de la Plata. La provincia de Mendoza, ubicada a escasos 380 Km de Santiago de Chile, ha ocupado un lugar privilegiado en la ocurrencia de estos procesos migratorios, básicamente, “como escenario de rearticulación de los sectores contestatarios en pugna con la oficialidad”. (Paredes, 2003: 133)
Así, cuando en el año 1814 los realistas derrotaron a los patriotas chilenos, más de 2.500 exiliados llegaron a Mendoza. Un siglo y medio más tarde, con el arribo de la Unión Popular al poder (1970-1973), ciertos grupos conservadores decidieron radicarse en la provincia con el fin de confabular en contra de la administración de Salvador Allende. Así lo demuestra Gastón Bustelo quien, en una notable tarea de investigación periodística, describe parte de los sucesos que involucraron al Frente Nacionalista Patria y Libertad (FNPL) con determinados sectores conservadores de la provincia, por ese entonces gobernada por Francisco Gabrielli (Partido Demócrata) en su carácter de Interventor designado por el General Lanusse.
Luego del quiebre del sistema democrático en Chile, la corriente migratoria invirtió rápidamente su sentido ideológico adquiriendo características masivas. Así, de los 13.800 chilenos “registrados” que entraron a Mendoza durante el período 1971-1973, se pasó a un total de 103.700 tan sólo durante el transcurso del año 1974 y de los primeros dos meses de 1975. Y decimos registrados, con comillas, porque esta ampliamente documentado que una gran cantidad de trasandinos ingresó a la provincia cruzando a pié la Cordillera de Los Andes por las inmediaciones de los pasos Pehuenche, Las Loicas y El Yeso, comúnmente utilizados por arrieros de la región para transportar a su ganado durante los meses de verano. Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), un total de 6.899 chilenos alcanzaron la categoría de refugiados políticos de la dictadura. El resto de los exiliados siguieron su camino hacia otras provincias o bien hacia el exterior, utilizando a Mendoza como ciudad de paso por considerarla poco segura para su permanencia definitiva.
Respecto de los chilenos que se afincaron permanentemente en la provincia, en su mayoría se abocaron a la conformación de organizaciones político-sociales orientadas a mejorar la calidad de vida de los recién llegados, o bien, a incidir en el escenario político de su patria natal. El primer tipo de organizaciones, según Alejandro Paredes, estuvo compuesto por argentinos sensibles a las carencias de los inmigrantes chilenos (como el Comité Ecuménico de Acción Social), por organizaciones internacionales dedicadas a la problemática de los inmigrantes y los refugiados políticos (ACNUR y el Consejo Mundial de Iglesias), y por chilenos residentes en Cuyo (Uniones vecinales y Centros Culturales). Las segundas, en cambio, incorporaban aportes de una amplia variedad de instituciones y partidos políticos de Chile que trabajaron en Mendoza con el apoyo de agrupaciones locales (Movimiento Izquierdista Revolucionario: MIR), o bien, eran grupos que nacieron en Argentina o en Europa impulsadas principalmente por exiliados chilenos. Aquí encontramos a la Comisión Provincial de Solidaridad con el Pueblo Chileno: COMACHI; al Chile Democrático; al Instituto por el Nuevo Chile (INC) y a eventos especiales como las ESIN (Escuelas Internacionales de Verano) VI y VII, y el Recital de Amnesty Internacional. (Paredes, 2003: 137-138)
Entre toda esta multiplicidad de instituciones, partidos políticos y organismos nacionales e internacionales que intentaron socorrer a la tumultuosa marea de exiliados políticos que arribaba desde Chile, merece destacarse el accionar solidario del Comité Ecuménico de Acción Social, creado el 20 de mayo de 1974 con el fin de asistir a los mismos en materia de radicación, otorgamiento de visas, trabajo, protección, asistencia médica, psicológica y social.
Para cumplir con estas funciones, el CEAS debió recurrir a la conformación de un equipo interdisciplinario de profesionales y pastores los cuales, a su vez, contaron con la ayuda y asesoramiento de una multiplicidad de organizaciones procedentes de Argentina, Chile y el mundo, entre ellas, Cruz Roja Argentina, Comisión Católica de Migraciones de la Conferencia Episcopal Argentina, Cáritas Argentina, Acción Popular Ecuménica (APE.), Iglesia Evangélica del Río de la Plata (IERP), Iglesia Evangélica Metodista Argentina (IEMA), Arzobispado de Mendoza, Ejército de Salvación, Comité para la Paz de Chile, Comisión Argentina para los Refugiados (CAREF), Asociación de Protección al Refugiado, Equipo Pastoral de Migración de Neuquén y, fundamentalmente, del Consejo Mundial de Iglesias (CMI) y de la Representación Regional para América Latina del ACNUR, el cual garantizó el amparo, asistencia y refugio de los exiliados con recursos provenientes de Naciones Unidas.
Juana Juri, una joven abogada mendocina que por aquel entonces estaba haciendo sus primeras armas en derecho, fue la persona elegida por el ACNUR para desempeñarse como Asesora Legal del CEAS., cargo en el que permaneció por un período de dieciocho años. Su función principal, entre tantas que desempeñó, consistía en evaluar, para cada caso en particular y de acuerdo a normas y convenios internacionalmente aceptados, si los exiliados chilenos eran pasibles de ser considerados refugiados políticos en Argentina. En caso de obtener este status, se le otorgaba una Ayuda de Emergencia (dinero, alimentos, alojamiento, etc.) o bien una visa que le permitiera salir rápidamente de país.
El resto de los recién llegados, por su parte, era acogido en las oficinas del CEAS de acuerdo al principio de protección integral del exiliado. Se trataba –en definitiva- de ofrecer un sendero digno, útil y positivo, para que el doloroso lapso del exilio fuera fructífero y superador. Entendida así la protección integral era algo más que la simple posibilidad de permanecer legalmente en el país receptor y sobrepasaba los límites de los programas ofrecidos por ACNUR y otros organismos internacionales. El desafío se refería al rescate de una existencia digna, íntegra u fructífera de militantes políticos y sociales, en una difícil encrucijada provocada por un enemigo poderoso y cruel. (CEAS, 2001: 27)
Durante el período 1973-1975, recuerda Juana Juri con satisfacción, “se abrieron en Mendoza un total de catorce hoteles, además de varios talleres de carpintería, mecánica y laborterapia”. Todas estas acciones, demás está decirlo, fueron realizadas en un contexto de mucha tensión y peligro. En este sentido, el equipo del CEAS recibió amenazas de muerte en reiteradas oportunidades, situación que se vio coronada por el estallido de una potente bomba en la Sede del Comité el día 6 de septiembre de 1975.

Situación de los refugiados en Mendoza durante el período 1976-1983

El CEAS pudo funcionar con cierta libertad hasta el mes de marzo de 1976, momento en que comenzó la más terrible de las dictaduras argentinas. A partir de entonces, su accionar se vio entorpecido por las directivas de un gobierno que había adherido (junto a sus pares de Brasil, Bolivia, Chile, Uruguay y Paraguay) a la Operación Cóndor, un sistema represivo ideado con el fin de detener, interrogar y asesinar a los militantes políticos de la izquierda latinoamericana, en cualquier lugar del mundo en donde se encontraran, mediante la acción conjunta y coordinada de los distintos servicios de inteligencia de la región. El Decreto No 1.483/76 y su posterior ampliación mediante el Decreto No 1.966/77, en este sentido, definieron la política a seguir para con los refugiados, a los cuales se catalogó de “ilegales”. Luego de esto comenzarían los allanamientos en hoteles, parroquias y casas privadas, la detención de sospechosos en la vía pública y la repatriación clandestina de un sinfín de chilenos residentes en Mendoza.
Rolando Concatti, ex sacerdote del movimiento tercermundista y miembro fundador de la Fundación Ecuménica de Cuyo y del CEAS, afirma que, paralelo a la instauración de la dictadura en Argentina, comenzó a menguar el dinero que llegaba puntualmente desde el ACNUR con el fin de brindar protección y hospedaje a los refugiados políticos chilenos, lo cual repercutió directamente en el funcionamiento de los programas asistenciales del CEAS. “Esto fue así –sostiene Concatti- porque para la ONU la situación de los argentinos bajo la dictadura de Videla era mucho más apremiante que la de los propios refugiados trasandinos”.
Esta política institucional de corte y/o disminución de la ayuda de emergencia por parte del ACNUR, obligó a los refugiados que no estaban en situación de vulnerabilidad a asumir las responsabilidades de su propio abastecimiento e integración a un medio local que se les presentaba extraño y hostil. Como consecuencia, la mayoría de los exiliados cayó en una situación de desprotección y precariedad que derivó en la aparición de un fenómeno no deseado para el CEAS, el de la dependencia de los refugiados hacia la institución.
Todos estos factores, sumados a la agudización del conflicto limítrofe entre Argentina y Chile en el año 1978 y a la posterior postura pro-inglesa del régimen de Pinochet ante la Guerra de Malvinas, confluyeron en el tiempo generando un marcado sentimiento antichileno en Argentina que desalentó la llegada de contingentes chilenos a la provincia. Esta situación, sin embargo, se vio parcialmente revertida a partir del reavivamiento de las luchas antidictatoriales que derivaron en el fallido atentado en contra de la vida de Pinochet por parte del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, en septiembre de 1986. Este incidente, y fundamentalmente la escalada represiva que sobrevino después del mismo, generó una nueva oleada de exiliados en las dependencias del Comité Ecuménico. En este contexto, marcado por el lento retorno de la democracia en Argentina, el CEAS debió redefinir sus prácticas y objetivos a los efectos de evitar la reaparición de viejos problemas e inconvenientes tales como la escasez de recursos, el asistencialismo, la desidia de los exiliados y la total dependencia de los mismos al Comité.

El proceso de retorno a Chile.

Históricamente no ha existido en la Argentina una legislación específica que proteja a los refugiados políticos de manera integral y efectiva. En este sentido, si bien se había adherido a la Convención de Ginebra del año 1951 y a su posterior Protocolo de 1967, se lo hizo utilizando una reserva geográfica por la cual sólo se reconocía la calidad de refugiado político a aquellos peticionantes de origen europeo. Como consecuencia de esta cláusula, todos los exiliados provenientes de Oceanía, Asia, África o bien del resto de América eran considerados “refugiados de hecho” y no “de derecho”, debiendo ser protegidos por el ACNUR y sus instituciones asociadas (el CEAS, por ejemplo) y no por las autoridades gubernamentales.
Con la llegada de la democracia, en el año 1983, esta situación comenzó a cambiar radicalmente. Prueba de ello fue la rápida adhesión de Argentina a la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), el Decreto No 645/84 revocatorio de las facultades concedidas al Poder Ejecutivo Nacional en materia de expulsión de extranjeros, la sanción de la Ley Nacional No 23.160 que dejó sin efecto el injusto mecanismo de la reserva geográfica y el Decreto No 464/85 que ordenó la constitución de una Comisión de Elegibilidad para los Refugiados (CEPARE), compuesta por tres representantes del Ministerio del Interior, dos de la Cancillería Argentina y uno del ACNUR (con voz pero sin voto) Paralelo a la ocurrencia de estos procesos, el triunfo de la oposición al régimen de Pinochet, logrado en el plebiscito de 1988, creó en Chile una nueva situación, en la que creció la esperanza de que se produzca un proceso de apertura democrática, dentro de grandes dificultades y contradicciones. La concreción de las elecciones presidenciales en diciembre de 1989 y la entrega del gobierno a las autoridades electas por la voluntad popular, configuraron una nueva coyuntura que hizo vislumbrar la etapa final de la problemática del refugio chileno. (CEAS, 2001: 57)
En este marco cambiante, a todas luces favorable, el CEAS se propuso como objetivo contribuir desde el trabajo institucional al retorno planificado y responsable de refugiados chilenos a su país de origen, lo cual sucedió, fundamentalmente, entre los años 1988 y 1990. Luego de esto, el trabajo del CEAS se limitó a continuar la protección de las pocas familias que aún no decidían su retorno y a la asistencia y protección de un grupo de refugiados que debían permanecer en Mendoza porque tenían procesos pendientes en Chile ante tribunales militares, y debían esperar un mejoramiento de su situación procesal para poder regresar con un mínimo de seguridad. (CEAS, 2001: 59). Llegado el mes de diciembre de 1993, el ACNUR consideró cumplida la tarea del CEAS en Mendoza, determinando el cese en la financiación de los proyectos y programas que aún continuaban en vigencia. Inmediatamente después, el Comité se aprestaba a cerrar sus puertas de manera definitiva.

Consideraciones finales.

El arduo e intrincado proceso de transición entre dictaduras y democracias en Latinoamérica ha generado en el seno de sus sociedades una amplia gama de antagonismos sobre los cuales, todavía, no se ha podido avanzar de manera efectiva. Como consecuencia, a más de veinticinco años de haberse producido el último de los golpes de Estado en la región, se continúa debatiendo sobre el rol que tuvieron determinados sectores civiles, políticos y militares durante los procesos dictatoriales, optándose por el olvido, la justicia, el perdón, el repudio y la justificación de sus actos, delitos y omisiones.
Esta misma dualidad discursiva frente a los excesos cometidos por las dictaduras se hizo presente en ocasión de producirse la llegada de las primeras oleadas de exiliados políticos a la provincia de Mendoza y sus alrededores. En este sentido, promediando la década del setenta en Argentina, estuvieron quienes optaron por auxiliar y dar refugio a los recién llegados conformando instituciones solidarias que los acogieran, y quienes los ignoraron actuando como si nada malo estuviera aconteciendo en el país trasandino.
Todas estas cuestiones, anecdóticas para algunos, centrales para otros, aún hoy dividen las aguas de la opinión pública latinoamericana, generando posiciones con el tiempo cada vez más encontradas. La sociedad chilena post-Pinochet, en este orden de asuntos, se erige como una muestra acabada de este notable desdoblamiento discursivo. En efecto, no debe olvidarse que en ocasión del plebiscito del 5 de octubre de 1988 –efectuado quince años después del infame derrocamiento del presidente Salvador Allende por las Fuerzas Armadas- un 43,01% de la población chilena votó a favor de que el dictador continuara en el ejercicio del poder, porcentaje que salvo contadas excepciones se ha mantenido del lado de la derecha chilena hasta el presente. Por supuesto, el triunfo en las urnas de la Concertación por el No determinó la eventual extinción del régimen militar chileno, posibilitando el regreso de miles de exiliados políticos desde la República Argentina y el resto del mundo.
Este fenómeno, resueltamente poco estudiado si se tiene en cuenta la trascendental importancia que reviste en materia de integración binacional, debería ser repensado críticamente a los efectos de determinar las condiciones socio-históricas que lo hicieron posible. Hoy, a veinte años de haberse aliviado las tensiones fronterizas que casi llevan a la guerra a las repúblicas de Chile y Argentina, parece haberse encontrado el auge cooperativo que potencia sinergéticamente las capacidades y ventajas de ambas sociedades (Comisión Binacional Parlamentaria Chileno-Argentina, 1999: 5) Demás está decirlo, buena parte de este progreso en las relaciones entre ambas naciones se debe a los ingentes esfuerzos del CEAS por menguar las terribles repercusiones de la dictadura del General Augusto Pinochet Ugarte (1973-1989) en la provincia de Mendoza.



Bibliografía:

ALLENDE, Isabel (1995) Paula. Buenos Aires: Editorial Sudamericana / Plaza & Janés Editores S.A.
ARRIAGADA, Genaro (1998) Por la razón o la fuerza. Chile bajo Pinochet. Santiago de Chile: Editorial Sudamericana Chilena.
BUSTELO, Gastón (2001) Impacto de la dictadura pinochetista en Mendoza (1973-1988), en Revista de Estudios Trasandinos No 5. Santiago de Chile: co-edición UNCuyo, UNSJ, Universidad Nacional de Comahue, Universidad de Congreso, Convenio Andrés Bello.
COMITÉ ECUMÉNICO DE ACCIÓN SOCIAL (CEAS) (2001) Recepción y protección de refugiados chilenos. Una experiencia ecuménica en Mendoza. 1973-1992. Provincia de Mendoza (Argentina): Editorial Alfa Impresos.
COMISIÓN BINACIONAL PARLAMENTARIA CHILENO-ARGENTINA (1999) La Juventud Chilena y Argentina al Encuentro de la Integración, en 1º Encuentro de Juventudes Políticas Chileno-Argentinas. Santiago de Chile: Editorial El Mercurio de Valparaíso.
GAZMURI, Cristian. Una interpretación política de la experiencia autoritaria. (1973-1990). Publicaciones Electrónicas, Instituto de Historia, Pontificia Universidad Católica de Chile, s.f.. Disponible en www.hist.puc.cl (página visitada el día 25 de octubre de 2006)
HERAS de GUILLOT y GÁLVEZ (1978) Migración tradicional y migración en crisis. Una década de afluencias bolivianas y chilenas a Argentina y la región cuyana (1965-1975) Provincia de Mendoza (Argentina): PISPAL.
PAREDES, Alejandro (2003) Las prácticas políticas de los exiliados chilenos en Mendoza y su incidencia en Chile (1970-1989), en Revista Universum No 18. Chile: Universidad de Talca ediciones.

Entrevistas:

Concatti, Rolando. Miembro fundador del CEAS. Integrante del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo. Departamento de Luján de Cuyo. Provincia de Mendoza. Lunes 20 de febrero de 2006.
Juri, Juana. Asesora Legal del CEAS (1973-1993) Ciudad Capital. Provincia de Mendoza. Miércoles 01 de marzo de 2006.